SANTO DOMINGO: El Ministerio Público aseguró que está preparado para presentar su acusación y las pruebas contra una presunta red que habría estafado más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones. El juicio está pautado para el próximo 15 de septiembre ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La estructura, desmantelada mediante la Operación Gaviota en 2024, habría afectado a 332 personas en distintas provincias del país. Según la acusación, los implicados operaban mediante un esquema piramidal que captaba dinero bajo la promesa de inversiones rentables.
Entre los principales acusados figuran Rafael Martínez Batista y su pareja, Eridania García Veloz de Martínez, señalados como cabecillas de la estructura. También están procesados Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido y otras personas vinculadas al entramado.
El expediente incluye además a O´neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D´Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón y Lucía Martínez Colón, entre otros imputados. En total, más de una veintena de personas fueron enviadas a juicio por su presunta participación en el esquema.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados utilizaron varias empresas y una cooperativa para captar recursos de los inversionistas. Entre estas figuran Investor Winner IW S.R.L., IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L. y otras sociedades incluidas en el expediente.
Las investigaciones determinaron que las entidades utilizadas para captar los fondos no contaban con las autorizaciones correspondientes de los organismos reguladores. La acusación sostiene que tampoco existían las supuestas inversiones legítimas en mercados internacionales que eran ofrecidas a las víctimas.
El Ministerio Público plantea que el grupo operaba bajo un esquema Ponzi, mediante el cual los primeros inversionistas recibían pagos con los recursos aportados por nuevos participantes. Para atraer a más personas, los implicados promocionaban las supuestas oportunidades de inversión a través de Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram.
Algunas de las víctimas habrían hipotecado propiedades o comprometido sus ahorros para entregar dinero a la estructura. La acusación también señala que los responsables utilizaron estados financieros falsificados y empresas de fachada para generar confianza entre los inversionistas.
El expediente cuenta con más de 650 elementos probatorios que fueron considerados suficientes para ordenar la apertura a juicio. Entre ellos figuran 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 pruebas documentales y 29 materiales.
Según las investigaciones, luego del colapso del esquema algunos de los imputados cedieron las acciones de las empresas utilizadas y abandonaron sus domicilios habituales. El Ministerio Público sostiene que estas acciones buscaban ocultar rastros y dificultar el avance de las pesquisas.
Los acusados enfrentan cargos por violaciones a distintas leyes, entre ellas las relacionadas con delitos de alta tecnología, el sistema financiero, el mercado de valores, el cooperativismo y el lavado de activos. La Operación Gaviota, ejecutada en junio de 2024, permitió desarticular la estructura y dar paso al proceso judicial.
El Ministerio Público estará representado en el juicio por los fiscales litigantes Miguel Crucey, Yudelka Holguín y Alexis Piña. El proceso será conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez, a partir del 15 de septiembre.

