SANTO DOMINGO: La Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible el recurso presentado por el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, para obtener la variación de la prisión preventiva que cumple por el caso Pandora. La decisión mantiene vigente la medida de coerción impuesta en su contra desde el proceso iniciado en noviembre de 2024.
La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación acogió el planteamiento del Ministerio Público, que sostuvo que el recurso carecía de objeto. Los fiscales Melbin Romero y Rosa Ysabel explicaron que existe otra solicitud con los mismos fines pendiente de decisión en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Ese tribunal tiene previsto pronunciarse el próximo 9 de septiembre sobre la solicitud de revisión de la medida de coerción. En esa misma fecha también deberá decidir sobre el envío a juicio de Féliz Romero.
Durante la audiencia, las juezas Nancy María Joaquín Guzmán, María Daneida García y July Tamariz conocieron los argumentos presentados por las partes. Tras la decisión, el fiscal Melbin Romero confirmó que la defensa no logró modificar la medida y que el acusado continuará recluido.
Féliz Romero es señalado por el Ministerio Público como uno de los principales responsables de una estructura que habría sustraído miles de municiones y otros pertrechos bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. El expediente establece que los bienes eran posteriormente comercializados de manera ilícita para generar beneficios económicos.
Según la acusación, el entramado habría provocado un perjuicio económico al Estado estimado en RD$92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos. La investigación fue desarrollada mediante la Operación Pandora, que permitió desmantelar la estructura y detener a varios de sus integrantes.
El proceso también involucra al capitán Nelson Valdez, quien se encontraba al frente del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía cuando la organización fue desarticulada. Valdez cumple prisión preventiva como parte de las medidas adoptadas por las autoridades judiciales.
Además, figuran como procesados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez. Estos imputados cumplen distintas medidas de coerción dentro del proceso judicial.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a 11 personas de participar en la sustracción y posterior venta ilegal de proyectiles, armas y explosivos pertenecientes a la Policía Nacional. El órgano persecutor sostiene que los involucrados actuaron de manera coordinada para distraer bienes del Estado.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, además de violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas. La acusación también incluye delitos relacionados con legitimación de capitales, alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas.