SANTIAGO DE LOS CABALLEROS: Un tribunal de Santiago condenó a penas de entre 3 y 10 años de prisión a seis integrantes de una estructura de crimen organizado dedicada al tráfico, almacenamiento y distribución ilegal de armas de fuego de alta potencia introducidas de contrabando a República Dominicana.
El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago, tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, sentenció a 10 años de prisión a Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, considerado uno de los principales responsables de la organización, quien cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres.
Asimismo, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vásquez y Félix Francisco Vásquez Peralta fueron condenados a seis años de prisión cada uno, mientras que Rosalba María Estrella López recibió una condena de cinco años de prisión suspendida, condicionada al cumplimiento de varias reglas.
En tanto, Marcos de Jesús Diplán Diplán fue condenado a tres años de prisión suspendida y al pago de 25 salarios mínimos del sector público.
Los condenados fueron hallados culpables de violar las disposiciones de los artículos 265 y 266 del Código Penal, relativos a la asociación de malhechores, así como varios artículos de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que sancionan la tenencia, tráfico, acopio y legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas.
Durante el proceso, la fiscal Aida Medrano Gonell explicó ante el tribunal el funcionamiento de la estructura y el papel que desempeñaba cada uno de sus integrantes.
Operación permitió ocupar armas y dinero
La investigación, desarrollada durante más de un año por la Fiscalía de Santiago, permitió identificar los mecanismos utilizados por la organización para introducir armas al territorio dominicano a través de compañías de envío.
Con autorizaciones judiciales, las autoridades realizaron allanamientos en localidades de Licey al Medio, Santiago, y Moca, provincia Espaillat, donde ocuparon 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock calibre 9 milímetros; tres revólveres y dos escopetas.
También fueron incautados vehículos, equipos electrónicos, 700 mil dólares en efectivo y varios tanques acondicionados con caletas o doble fondo que, de acuerdo con la investigación, eran utilizados para transportar las armas.
El Ministerio Público determinó que los integrantes de la estructura adquirían las armas en Estados Unidos y posteriormente las enviaban hacia Licey al Medio y Moca, desde donde eran almacenadas y redistribuidas a otras organizaciones criminales.
La operación contó con la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas el SWAT y la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), además de la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Según la acusación, varios de los procesados mantenían vínculos familiares y utilizaban sus propias viviendas y las de sus padres como centros de almacenamiento de las armas.
Por el mismo proceso también fue juzgado Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, quien resultó absuelto.
El tribunal fijó para el 16 de octubre la lectura íntegra de la sentencia.