SANTO DOMINGO: Comprar una vivienda, trabajar en determinadas actividades, alquilar un inmueble o cursar una carrera universitaria en República Dominicana son algunas de las situaciones que quedarían sujetas a nuevas restricciones para los ciudadanos haitianos si prospera un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados.
La propuesta, denominada Proyecto de ley sobre el Pacto de Nación de políticas públicas con relación a la crisis de Haití, fue presentada por los diputados Elías Wessin Chávez y Eugenio Cedeño con el propósito de convertir en disposiciones legales varias medidas relacionadas con la crisis haitiana.
Uno de los puntos más restrictivos concierne a la propiedad inmobiliaria. El texto plantea que, mientras persistan la inestabilidad y la violencia en Haití, los ciudadanos haitianos, incluidos aquellos que hayan adquirido otra nacionalidad, necesiten autorización previa del Poder Ejecutivo para comprar inmuebles urbanos o rurales en territorio dominicano.
La solicitud tendría que pasar por una evaluación de los organismos de inteligencia y seguridad, y el Ejecutivo debería presentar cada año al Congreso un informe sobre los permisos concedidos. Para las provincias fronterizas, la iniciativa propone una prohibición más amplia: impedir que los extranjeros adquieran o posean inmuebles y mejoras hasta que se determine el estatuto especial contemplado en la Constitución.
El proyecto llega incluso a plantear la posibilidad de declarar de alto interés público la expropiación de propiedades fronterizas adquiridas por ciudadanos haitianos, incluidos los naturalizados en otros países, con compensación conforme a los procedimientos constitucionales y legales.
El empleo, sujeto a nuevas condiciones
En el mercado laboral, la iniciativa propone reservar una serie de ocupaciones para dominicanos o extranjeros con residencia legal. La lista incluye labores de vigilancia y seguridad privada, transporte de pasajeros y mercancías, motoconcho, guías turísticos y culturales, jardinería urbana y trabajo en estaciones de combustibles.
También contempla limitar el acceso de extranjeros sin residencia legal a empleos en el Gobierno central y los ayuntamientos, con las excepciones que establezca el reglamento. El Consejo Nacional de Migración podría ampliar la relación de actividades reservadas por razones de seguridad nacional, ciudadana o de interés público.
Las restricciones se extenderían a quienes alquilen viviendas a extranjeros. Los propietarios tendrían que solicitar documentos de identidad, verificar el estatus migratorio de sus inquilinos e incorporar esos datos a los contratos, además de notificarlos a las autoridades correspondientes.
El texto prevé multas equivalentes a entre tres y cinco veces el valor del alquiler y penas de prisión de tres meses a un año por incumplimiento. Asimismo, plantea que los extranjeros con residencia regular que alojen a personas en situación migratoria irregular puedan perder su condición migratoria y ser deportados.
Hoteles y establecimientos turísticos también estarían obligados a reportar electrónicamente a sus huéspedes extranjeros, bajo sanciones económicas por cada persona que no sea registrada.
Estudiantes tendrían que volver a Haití
Una de las disposiciones de mayor alcance afecta a los haitianos que cursen estudios universitarios o técnicos en el país. Según el proyecto, quienes estudien con becas o recursos propios tendrían que comprometerse a regresar a Haití para ejercer su profesión durante un período de entre cuatro y siete años, según la carrera.
La propuesta también busca impedir la construcción de urbanizaciones o asentamientos rurales y urbanos destinados a viviendas de ciudadanos haitianos. La excepción serían las instalaciones para trabajadores temporeros del campo, sujetas a autorización del Ministerio de Interior y Policía y a supervisión institucional.
Para el sector construcción, el proyecto plantea que los obreros extranjeros no puedan pasar la noche en las obras, salvo aquellos encargados de la seguridad de las instalaciones, los equipos y las maquinarias.
Más controles en la frontera y los espacios públicos
Las empresas de transporte terrestre que operen desde provincias fronterizas tendrían que incorporar vigilancia electrónica, identificación biométrica y sistemas de localización de vehículos, con acceso a los datos para la Dirección General de Migración y los organismos de seguridad. El incumplimiento podría acarrear multas, suspensión o retiro de licencias y, en caso de reincidencia, decomiso de vehículos.
La iniciativa también propone limitar la venta de alimentos, comidas procesadas y bebidas en establecimientos y espacios públicos a dominicanos y extranjeros con residencia legal. Para estas actividades se requerirían permisos de Salud Pública y de los ayuntamientos, renovables cada año. Las sanciones incluirían multas, incautación de equipos o vehículos y cierre temporal de negocios.
En el caso de los trabajadores haitianos temporeros contratados legalmente para labores agrícolas o pecuarias, el texto establece que solo podrían portar machetes y cuchillos durante la jornada de trabajo y tendrían que entregarlos al propietario, administrador o capataz al concluirla.
El proyecto propone, además, informatizar el Libro de Extranjería y establecer un sistema para compartir diariamente información entre la Junta Central Electoral, el Ministerio de Interior y Policía, Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud.