SANTO DOMINGO: Los Abogados Francisco S. Durán González, Enrique Vallejo Garib y Carlos Julio Martínez informaron que, desde principios del mes de abril, la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de su Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, se encuentra apoderada de una querella penal con constitución en actor civil contra los comunicadores Danny Alcántara, Óscar Medina y Luisín Mejía, por la difusión de imputaciones falsas, graves y deliberadamente lesivas a través de medios de comunicación masivos y plataformas digitales
La acción se origina en las declaraciones emitidas en el programa Hoy Mismo, transmitido simultáneamente por Color Visión (canal 9) y en vivo a través de la plataforma YouTube, donde —según la querella— se les atribuyó haber participado en un esquema de corrupción judicial, consistente en la elaboración de un proyecto de sentencia para ser entregado a un juez y el ofrecimiento de dinero a un juez para obtener una decisión favorable, sin prueba alguna, y presentadas como hechos ciertos e incuestionables.
Los querellantes calificaron estas afirmaciones como una campaña de descrédito irresponsable, construida sobre falsedades, que no solo afecta su reputación personal, sino que pretende erosionar la confianza en el ejercicio profesional del derecho y en el propio sistema de justicia.
“La libertad de expresión no es licencia para imputar delitos falsos ni para destruir reputaciones. Quien acusa sin pruebas debe responder ante la ley”, indicaron.
La querella, sustentada en los artículos 21 y 22 de la Ley núm. 53-07, denuncia que los hechos constituyen difamación e injuria agravadas por el uso de medios electrónicos, con alcance masivo y permanencia digital, lo que multiplica el daño causado.
Asimismo, los abogados destacaron que, pese a haber requerido formalmente la rectificación de las informaciones, los comunicadores no solo se negaron a retractarse, sino que reiteraron públicamente las imputaciones, evidenciando —según sostienen— una conducta dolosa, persistente y abiertamente desafiante frente al ordenamiento jurídico.
En la querella, solicitan la apertura de investigación penal, la imposición de sanciones conforme a la ley, una reparación integral de los daños y la rectificación pública obligatoria en los mismos medios utilizados para difundir las imputaciones.
“Se trata de hacer valer la responsabilidad jurídica por el uso abusivo de la palabra en espacios de alcance masivo”, concluyeron.