SANTO DOMINGO: El Senado de la República rechazó este miércoles tres propuestas de modificación presentadas por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, durante el conocimiento del proyecto de reforma del Código Penal, al no alcanzar el respaldo de la mayoría de los legisladores.
Las iniciativas fueron rechazadas con 21 votos en contra y buscaban reforzar las garantías de la libertad de expresión y endurecer las sanciones contra los disparos irresponsables al aire cuando estos ocasionen lesiones permanentes o la muerte de una persona.
En materia de libertad de expresión, el legislador de la Fuerza del Pueblo propuso modificar el artículo 123, relativo al acoso u hostigamiento cibernético, y eliminar los párrafos I y III del artículo 211, al considerar que su redacción podría interpretarse como una limitación al derecho constitucional de expresar opiniones.
«Las opiniones y críticas sobre asuntos de interés público no deben depender de autorizaciones implícitas ni de condiciones que limiten el ejercicio de ese derecho. Si una expresión causa un daño legítimo, para eso existen los tribunales. Pero el derecho a opinar no puede condicionarse antes de ser ejercido», manifestó Fernández durante su intervención.
Asimismo, propuso modificar el artículo 161 para establecer sanciones diferenciadas por los disparos al aire, con penas más severas cuando esa conducta provoque lesiones permanentes o la muerte de una persona.
Pese al rechazo de sus propuestas, Fernández reiteró su respaldo a la aprobación de un nuevo Código Penal, al considerar que la República Dominicana necesita actualizar una legislación que data del siglo XIX.
«Necesitamos un nuevo Código. Necesitamos darle a los órganos de justicia un marco legal que les permita hacer su trabajo», expresó.
El senador destacó que el proyecto incorpora nuevos tipos penales como el sicariato, las estafas piramidales e inmobiliarias, el robo de identidad, el uso de sustancias químicas para agredir personas, el abandono de menores, el hostigamiento cibernético y el cúmulo de penas, figuras que, a su juicio, fortalecen la protección de las víctimas y la seguridad ciudadana.
No obstante, insistió en que esos avances no impiden corregir disposiciones que, según afirmó, podrían vulnerar derechos fundamentales.
«Este no es un debate entre quienes apoyan o rechazan el Código. Es un debate sobre cómo entregar al país el mejor Código posible», concluyó.