SANTO DOMINGO: La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos es una de las piezas legislativas más debatidas y trascendentales en la historia democrática reciente de la República Dominicana. Promulgada en agosto de 2018, buscaba poner fin a décadas de descontrol en la vida interna de las organizaciones políticas.
Contexto histórico
Durante más de 15 años, el Congreso dominicano mantuvo encajonado un proyecto para regular a los partidos. Para 2017-2018, la presión social (impulsada por movimientos como Marcha Verde y exigencias de transparencia) y el choque interno dentro del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) forzaron su aprobación a toda prisa.
El punto central del conflicto no era la transparencia de fondos o la cuota de género, sino el método de elección de las candidaturas: primarias abiertas (organizadas por la Junta Central Electoral con el padrón general) vs. primarias cerradas (con el padrón de cada partido).
Los protagonistas (los partidos)
El debate de la Ley 33-18 estuvo marcado por tres figuras centrales:
Danilo Medina (presidente de la República en ese momento): encabezó la facción que promovía las primarias abiertas y simultáneas. Su grupo buscaba un mecanismo que permitiera la participación masiva del electorado no militante.
Leonel Fernández (presidente del PLD y expresidente): defendía con vehemencia las primarias cerradas, argumentando que las abiertas violaban la Constitución (al obligar a los partidos a un método sin el consenso de su militancia) y vulneraban el derecho de asociación.
Luis Abinader y el PRM (Oposición): Jugaron un papel decisivo al arbitrar en el Congreso. Finalmente, se pactó una fórmula donde cada cúpula partidaria decidiera qué método usar, desatando el nudo legal.
La frase célebre
El choque entre Medina y Fernández por esta ley inmortalizó la frase pronunciada por Leonel Fernández durante el fragor del debate constitucional:
«La Constitución no es un pedazo de papel».
Fernández la utilizó para advertir que imponer primarias abiertas por ley ordinaria equivalía a violar la Carta Magna y amenazar la institucionalidad del país. La frase se convirtió en el lema de resistencia de su facción y sentó las bases de la división del PLD en 2019.
Los principales desafíos y reveses judiciales
Pese a su aprobación, la Ley 33-18 nació con serias deficiencias técnicas y contradicciones constitucionales:
Mutilación en el Tribunal Constitucional: tras su promulgación, el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) declararon inconstitucionales varios de sus artículos clave (como la prohibición de la «diferamación» en precampaña, los límites desproporcionados a la libertad de expresión y la reserva excesiva de candidaturas por las cúpulas).
Control del financiamiento: aunque la ley fija topes de gastos de campaña y fiscalización de fondos, la Junta Central Electoral (JCE) ha enfrentado serias dificultades operativas para auditar el dinero privado en tiempo real.
Sanciones débiles: mantiene un régimen sancionador de difícil aplicación frente al transfuguismo y las precampañas extemporáneas.
¿Por qué importa hoy?
La Ley 33-18 transformó el sistema político dominicano por varias razones que siguen vigentes:
Cuestionamiento de la democracia interna: estableció que la regulación de las primarias debe ser asunto de interés público y supervisado por la JCE, evitando el manejo arbitrario de padrones internos.
Antecedente del mapa político actual: el enfrentamiento por esta ley provocó la ruptura histórica del PLD en 2019 y el nacimiento de Fuerza del Pueblo, reconfigurando el sistema de partidos en la República Dominicana.
Reforma continua: sirvió como primer paso imprescindible para la posterior aprobación de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, obligando a la sociedad dominicana a mantener el debate abierto sobre cómo financiar la política y garantizar equidad en la contienda.
El diseño de las nuevas reglas del juego ¿Qué pasó?
La Ley 33-18 de Partidos Políticos
Tras más de una década de debates, presiones y «reuniones bajo la mesa», el 13 de agosto de 2018 se promulgó finalmente la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
El impacto estratégico: esta ley cambió la forma en la que los partidos dominicanos manejan sus primarias, sus fondos y el espinoso tema del financiamiento de campaña.
Trajo consigo el dolor de cabeza de las «cuotas de género» por demarcación territorial y los intentos por regular el desborde publicitario en las calles. Cada vez que vemos un pleito judicial en el Tribunal Superior Electoral
(TSE) por reservas de candidaturas o transfuguismo, el origen de ese libreto se remonta a este jueves de agosto de 2018.