SANTO DOMINGO: La abogada tributarista Pablita Cabrera Martínez depositó ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra varios aspectos de la recién promulgada Ley 30-26, sobre medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.
La profesional del derecho, representante de la Asociación de Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI), cuestiona específicamente el párrafo IV del artículo 2 y el literal A del artículo 17 de la legislación, al considerar que vulneran derechos fundamentales y principios constitucionales.
Cabrera Martínez explicó que una de las objeciones está relacionada con las disposiciones que regulan las retenciones sobre los alquileres, argumentando que la ley impone obligaciones de retención de manera generalizada a personas que no han sido definidas legalmente como agentes de retención.
“Estamos accionando sobre el literal A del artículo 17 de la ley sobre la retención de los alquileres, ya que pone obligación de manera abierta en manos de personas que no han sido declaradas como agentes de retención”, sostuvo.
La jurista también cuestionó el párrafo IV del artículo 2, al entender que establece condiciones que podrían afectar el derecho de los contribuyentes a recurrir decisiones administrativas sin enfrentar consecuencias patrimoniales inmediatas.
A su juicio, estas disposiciones podrían vulnerar garantías constitucionales vinculadas al debido proceso, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
La acción fue presentada ante el Tribunal Constitucional, que deberá evaluar los argumentos planteados y determinar si las disposiciones impugnadas se ajustan o no a la Constitución de la República.
La Ley 30-26 fue promulgada recientemente por el presidente Luis Abinader como parte del denominado Plan Anticrisis, una normativa que busca fortalecer la recaudación estatal y establecer medidas orientadas al crecimiento económico y la estabilidad fiscal.