Ministerio Público atribuye a una supuesta estructura de al menos diez personas la preparación de un ataque contra el mandatario. El caso plantea interrogantes sobre las evidencias digitales, la seguridad presidencial y las garantías constitucionales de los investigados.
SANTO DOMINGO: Una investigación judicial relacionada con un presunto atentado contra el presidente Luis Abinader ha colocado bajo escrutinio las actividades de un grupo de al menos diez personas. Su participación en una supuesta conspiración es examinada por el Ministerio Público.
El caso, conocido públicamente este sábado 7 de noviembre de 2026, se sustenta en una solicitud de medida de coerción de 57 páginas. Así lo informan medios nacionales que tuvieron acceso a detalles del expediente.
La acusación sostiene que el supuesto ataque habría sido proyectado para el viernes 6 de noviembre. Esto coincide con la conmemoración del Día de la Constitución dominicana.
Hasta el momento, las imputaciones representan señalamientos de la parte acusadora y no conclusiones judiciales definitivas sobre la responsabilidad de las personas investigadas.
Una investigación que deberá demostrar los hechos
Uno de los principales desafíos del proceso será establecer si las comunicaciones y actividades identificadas por los investigadores constituyen pruebas suficientes de una preparación delictiva. O, si requieren otras evidencias que permitan determinar su verdadero alcance.
Según la documentación judicial citada por Diario Libre, los investigadores atribuyen a los señalados la utilización de Telegram, WhatsApp, Instagram y Zangi. Estos servicios fueron usados para mantener comunicaciones relacionadas con la supuesta planificación.
El expediente menciona intercambios de información sobre movimientos del mandatario y presuntas conversaciones vinculadas con artefactos explosivos.
Sin embargo, la existencia de conversaciones digitales no demuestra automáticamente que se haya materializado una conducta delictiva. Corresponderá a los órganos judiciales valorar la autenticidad, procedencia y relevancia de las evidencias presentadas.
Principal investigado enfrenta solicitud de prisión preventiva
Entre las personas mencionadas figura Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años. El Ministerio Público lo identifica como presunto administrador de un grupo de Telegram denominado Trinitarios Élite.
La acusación le atribuye un supuesto papel de coordinación dentro de las actividades investigadas.
Contra De la Cruz Sosa, el órgano persecutor solicita tres meses de prisión preventiva. Esta medida deberá ser evaluada por el tribunal competente conforme a los requisitos establecidos en la legislación procesal penal.
También se informó sobre la entrega de Leomar Antonio Brens Brito a las autoridades, mientras continúan las actuaciones relacionadas con los demás señalados.
La entrega o detención de una persona no constituye, por sí misma, prueba de culpabilidad.
El Día de la Constitución figura en el expediente
Otro elemento relevante de la investigación es la fecha que habría sido seleccionada para ejecutar el supuesto ataque.
La documentación menciona el 6 de noviembre, jornada dedicada a recordar la proclamación de la primera Constitución dominicana en 1844.
El expediente hace referencia al Congreso Nacional como supuesto escenario de la acción investigada.
Este señalamiento requiere especial precisión, debido a que las actividades tradicionales de conmemoración constitucional tienen como escenario destacado la provincia de San Cristóbal.
La identificación del lugar, la posible capacidad de ejecución del supuesto plan y la correspondencia entre las comunicaciones investigadas y los hechos atribuidos serán aspectos importantes. Todo esto servirá para el esclarecimiento del caso.
Seguridad presidencial y derechos constitucionales
Una investigación sobre posibles amenazas contra el jefe del Estado adquiere especial trascendencia. Esto ocurre por sus implicaciones para la seguridad institucional y la protección del orden democrático.
No obstante, la gravedad de una acusación no sustituye la obligación de presentar pruebas suficientes. Tampoco autoriza a desconocer los derechos fundamentales de los ciudadanos sometidos a investigación.
La Constitución de la República Dominicana reconoce la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.
Estos principios obligan a distinguir entre las hipótesis formuladas por el Ministerio Público. Además, se deben considerar los elementos probatorios admitidos judicialmente y las decisiones que finalmente adopten los tribunales.
De igual manera, la eventual imposición de una medida de coerción no equivale a una sentencia condenatoria.
Las decisiones judiciales marcarán el rumbo del caso
La investigación continuará bajo la responsabilidad de las autoridades competentes. Ellas deberán determinar la consistencia de las evidencias y establecer si existen fundamentos jurídicos para sostener las imputaciones.
La sociedad dominicana tendrá especial interés en conocer las decisiones judiciales, el desarrollo de las investigaciones y las informaciones oficiales que permitan aclarar los hechos.
La protección de la seguridad presidencial y el respeto a las garantías constitucionales no son objetivos incompatibles. Ambos constituyen responsabilidades esenciales de un Estado democrático.