SANTIAGO: La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó sobre la presentación voluntaria de más de 200 ciudadanos que mantenían requerimientos judiciales pendientes en el territorio nacional. Esto ocurrió durante las últimas semanas.
En el ámbito provincial, el vocero policial coronel Diego Pesqueira detalló que 16 de estas entregas corresponden a Santiago. Entre ellas se incluye el caso de dos personas que registraban solicitudes judiciales activas desde el año 2014.
Garantía del debido proceso e indicadores de seguridad
Durante un encuentro con líderes comunitarios en el distrito municipal de Santiago Oeste, las autoridades exhortaron a las personas con órdenes de arresto pendientes a presentarse ante los organismos correspondientes. Además, Faride Raful enfatizó que las instituciones garantizarán el respeto absoluto a los derechos fundamentales y al debido proceso legal de cada ciudadano.
Por su parte, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, destacó junto a la ministra que Santiago registra índices reducidos en la tasa nacional de homicidios. Además, Raful sostuvo que las instituciones deben evaluar estos indicadores cuantitativos y, al mismo tiempo, considerar la percepción directa de seguridad que experimentan las familias en sus comunidades.
Fortalecimiento del patrullaje y trabajo comunitario
El director policial reafirmó el compromiso de la institución de mantener el orden y la tranquilidad ciudadana en cada rincón del país. «Nadie domina ningún territorio de la República Dominicana», aseveró Rodríguez García. Al mismo tiempo, anunció un despliegue operativo focalizado en las necesidades específicas de cada barrio.
El plan preventivo integra acciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y los comités comunitarios. Estas labores abarcan patrullajes preventivos. Además, contemplan atención integral a la violencia intrafamiliar y programas de protección para evitar la captación de menores de edad por grupos delictivos.