SANTO DOMINGO ESTE: La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a dos mujeres acusadas de participar en una red de tráfico de menores desde República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica.
Las imputadas Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal. Mientras que Yaribel Cristina Esquea recibió una garantía económica de RD$50,000, mediante una compañía aseguradora, y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El tribunal también declaró el proceso de tramitación compleja, a solicitud del órgano acusador, que investiga la presunta participación de las mujeres en el traslado ilegal de niñas al extranjero mediante la suplantación de identidad.
Según la solicitud de medida de coerción, las autoridades han identificado hasta el momento a tres adolescentes de 14 y 16 años, quienes permanecen bajo cuidado y protección de las autoridades.
La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de Santo Domingo Este y otras unidades del Ministerio Público, en coordinación con el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional
El expediente señala que el 8 de octubre de 2026, Pimentel acudió al área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas junto a dos adolescentes, con la intención de abordar un vuelo hacia Tórtola y posteriormente viajar a Dominica.
Durante la inspección, la mujer presentó varios permisos de salida, pero los agentes detectaron que uno de los documentos era falso. La irregularidad llevó a los inspectores a trasladarla, junto a las menores, a la sala de investigación migratoria.
Las sospechas aumentaron cuando las autoridades entrevistaron a las adolescentes y comprobaron que solo se comunicaban en creole, pese a que los pasaportes que portaban las identificaban como ciudadanas dominicanas.
Al ser cuestionada sobre su relación con las menores, Pimentel declaró que no las conocía y que otras personas se las habían entregado en la terminal aeroportuaria. La mujer fue arrestada en flagrante delito, según el expediente.
Las investigaciones también permitieron obtener una certificación de la Dirección General de Pasaportes, según la cual los documentos utilizados por las adolescentes fueron emitidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, empleando registros de nacimiento de menores dominicanas residentes en Villa Mella, Santo Domingo Norte
En el caso de Esquea, el Ministerio Público sostiene que recibió una oferta de dinero para facilitar los datos de sus hijas y permitir que otras niñas fueran identificadas como si fueran ellas para obtener pasaportes y sacarlas del país. La acusación agrega que Rosario Rodríguez también le habría ofrecido dinero para facilitar la salida de una de las víctimas.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, junto a otros representantes del Ministerio Público. Las medidas fueron impuestas por el juez Leomar Cruz Quezada, mientras continúa la investigación sobre el presunto tráfico de menores y la suplantación de identidad.