SANTO DOMINGO: Hoy se cumple un mes del apresamiento del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de recibir un soborno de 10,000 dólares en efectivo de parte del exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud, Senasa, Roberto Canaán, quien figura como testigo en el caso de corrupción.
Valdez Alcántara, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continúa sin que se le dicte medida de coerción, donde el órgano acusador pide un año de prisión preventiva.
El caso, que se conoce en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, permanece en una especie de semiparálisis, ya que la defensa técnica pide que la magistrada Ysis Muñiz Almonte sea apartada del proceso.
De acuerdo con la investigación, el fiscal habría exigido a la persona bajo pesquisa una suma inicial de 200,000 dólares, que luego redujo a 150,000 dólares durante una negociación.
Este jueves el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se declaró incompetente parta conocer la solicitud de si aparta o mantiene a la magistrada Muñiz Almonte en el proceso.
Los jueces enviaron el expediente a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Esta sesión fue presidida por el magistrado Luis Henry Molina Peña e integrado por Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Amaury Arias Arzeno, María Gerinelda de los Reyes Garabito Ramírez, Francisco Antonio Ortega Polanco, Édynson Francisco Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Namphi Andrés Rodríguez y Yorlin Lissett Vásquez Castro.