Familiares de Alexandra Josefina Santos Núñez mencionan gestiones de ayuda y denuncias en momentos distintos antes de su trágica muerte en el sector Villa Liberación, aunque las autoridades aún no han presentado un informe oficial que detalle las medidas de protección otorgadas.
SANTIAGO, R.D: Las circunstancias que rodearon la muerte de Alexandra Josefina Santos Núñez en el sector Villa Liberación, perteneciente a La Otra Banda al suroeste de Santiago de los Caballeros, mantienen bajo escrutinio público las actuaciones institucionales frente a las alertas por violencia intrafamiliar.
Diversas declaraciones emitidas por parientes de la víctima apuntan a que la mujer habría acudido a distintas entidades comunitarias y judiciales en busca de ayuda antes de que se registrara el violento suceso en el cual perdió la vida por heridas de arma blanca.
Aderlind Manuel Díaz Santos, hijo de la víctima, relató que su madre acudió en su momento al Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDI-Mujer), motivada por el constante temor que le generaban las amenazas vertidas por su expareja. De acuerdo con su testimonio, el agresor le advertía recurrentemente que atentaría contra su vida si ella rehusaba retomar la relación sentimental que habían sostenido en el pasado.
Diversidad de testimonios y falta de una cronología oficial
Paralelamente, otros testimonios vertidos por allegados tras el acontecimiento sitúan a Alexandra en las instalaciones de la Fiscalía de Santiago el mismo martes 10 de noviembre de 2026, día en que ocurrió el crimen. En esos relatos comunitarios se hace referencia a la posible existencia de una orden de alejamiento dictada en favor de la mujer. No obstante, las informaciones no precisan si se formalizó una querella legal, la fecha exacta de emisión de la medida ni el organismo responsable de dar seguimiento a la protección de la víctima.
Esta pluralidad de versiones sugiere la posibilidad de dos gestiones independientes ejecutadas ante organismos distintos. Ante la ausencia de un informe o cronología institucional confirmada por el Ministerio Público, no es posible establecer fehacientemente si la víctima fue atendida en ambas dependencias, la respuesta que recibió o los registros documentados en el sistema de atención a la violencia de género.
Requisito de verificación e informe de las autoridades
Hasta el momento no se han hecho públicos documentos oficiales que permitan corroborar el contenido de las amenazas, las fechas de cada contacto institucional o las acciones preventivas coordinadas luego de las solicitudes de auxilio. La investigación formal deberá precisar la identidad completa de los involucrados, ya que algunos datos personales presentan variaciones entre los reportes preliminares, así como determinar las circunstancias exactas en que fallecieron ambas personas.
Las comunidades del Cibao y la opinión pública nacional continúan a la espera de una aclaración transparente que permita distinguir las alegaciones familiares de los hechos documentados por las autoridades judiciales y policiales de la provincia.