La mandataria encargada es identificada como la figura clave en la asignación de cargamentos petroleros, y las empresas interesadas debían canalizar sus gestiones a través del expresidente español.El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han sido señalados por la justicia española en una investigación por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales, donde se les vincula directamente con tramas de corrupción y la asignación de buques petroleros
VENEZUELA: El auto de imputación emitido por el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional de España, contra el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, coloca a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el centro de una presunta red internacional dedicada a facilitar operaciones de compraventa de petróleo venezolano mediante mecanismos de influencia política y estructuras empresariales transnacionales.
En el documento reseñado por El Debate, Delcy Rodríguez aparece identificada bajo el alias de “La Dama”, nombre utilizado por los integrantes de la trama en conversaciones interceptadas por los investigadores españoles. Según el expediente judicial, la dirigente chavista era señalada como la figura con capacidad de decisión sobre la asignación de cargamentos petroleros.
“La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos”, recoge uno de los mensajes incorporados al auto, citado por el magistrado como evidencia del rol estratégico de Rodríguez dentro de la operativa.
Entre las otras evidencias mencionadas figura una carta enviada el 30 de octubre de 2023 por la empresa “China International Cultural Technology Resources Group CO LTD”, vinculada al Partido Comunista chino, dirigida expresamente a José Luis Rodríguez Zapatero.
El juez considera que estos elementos revelan “la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio”, y subraya que las actividades investigadas “trascienden con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria”.
La compra de petróleo
Aunque el auto judicial se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción y blanqueo de capitales, el contexto de las operaciones descritas adquiere especial relevancia debido a las sanciones internacionales impuestas sobre el sector petrolero venezolano.
Desde 2019, Estados Unidos impuso severas restricciones financieras y comerciales contra PDVSA y altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo a Delcy Rodríguez, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Estas medidas limitaron drásticamente la capacidad de Venezuela para comercializar petróleo a través de los canales tradicionales del sistema financiero internacional.
En ese escenario, la investigación judicial apunta a la existencia de mecanismos paralelos de intermediación política y empresarial para facilitar la colocación del crudo venezolano en mercados internacionales, especialmente mediante redes privadas con contactos en China, Emiratos Árabes Unidos y Europa.
El auto sostiene que los compradores debían recurrir obligatoriamente a la red vinculada a Zapatero para acceder al negocio, lo que, según los investigadores, permitía gestionar contactos políticos de alto nivel y asegurar autorizaciones dentro de la estructura chavista.
«De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero», destaca.
Delcy Rodríguez y el control político del negocio petrolero
La resolución judicial también recoge conversaciones relacionadas con empresarios vinculados al negocio del crudo venezolano. En uno de los mensajes interceptados, el empresario Domingo Arnaldo Amaro Chacón afirmó estar “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo” para concretar operaciones de compra.
Para ese momento, Delcy Rodríguez ejercía simultáneamente como vicepresidenta de Venezuela y ministra de Petróleo, concentrando poder político sobre áreas estratégicas del sector energético.
Los investigadores destacan además que algunos compradores “desconocen el tipo de crudo que van a adquirir”, y que requerían orientación posterior para definir incluso el producto específico.
A juicio del magistrado, ello evidencia que la prioridad de las operaciones no era una negociación comercial convencional, sino el acceso político a los canales de asignación controlados desde el entorno gubernamental venezolano.
Pagos, sociedades y estructuras financieras
El auto también describe una compleja red financiera presuntamente utilizada para canalizar pagos y comisiones derivadas de las operaciones investigadas.
Entre las empresas señaladas aparece Inteligencia Prospectiva SL, administrada por los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, cuya actividad económica registrada resultaría, según el juez, incompatible con el elevado volumen de movimientos bancarios detectados, superiores a 2,6 millones de euros.
Parte de esos fondos habrían sido dirigidos a sociedades vinculadas al entorno cercano de Zapatero, incluyendo Análisis Relevante, controlada por Julio Martínez Martínez; Whathefav, relacionada con las hijas del expresidente español; y Gate Center, donde el exmandatario ejercería como presidente del consejo asesor.
La investigación también menciona la constitución en Dubái de la sociedad Landside Dubái Fzco, vinculada al entorno de Julio Martínez Martínez. Según el auto, la creación de esta firma podría haber tenido como finalidad “recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español”.
El juez sostiene además que parte de la operativa se habría apoyado en contratos de asesoría considerados mera cobertura documental, así como en facturas modificadas y conceptos acordados previamente entre emisor y receptor.
Una trama con dimensión internacional
En ese sentido, magistrado concluyó que los elementos recopilados reflejan una estructura organizada con acceso directo a “los más altos niveles de responsabilidad política” en Venezuela y conexiones internacionales capaces de facilitar operaciones sensibles vinculadas al petróleo venezolano.
La investigación sitúa a Delcy Rodríguez como una figura central dentro de ese esquema, y apunta a que el control político sobre la asignación de cargamentos petroleros habría sido clave para el funcionamiento de la red investigada.