Ciudadanos formalizan denuncia penal por los daños de las protestas
BOLIVIA: Líderes ciudadanos de Santa Cruz confirmaron que la Fiscalía admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el líder campesino paceño Vicente Salazar, a quienes acusan de promover los bloqueos que paralizaron Bolivia durante mayo y junio.
La acción legal surge tras las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, movilizaciones que derivaron en desabastecimiento, pérdidas económicas millonarias y al menos 16 fallecidos, según reportes oficiales.
Los delitos imputados y el alcance de la investigación
El abogado del Comité Cívico de Santa Cruz, Diego Coimbra, explicó que la denuncia incluye acusaciones por alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa, además de otros posibles delitos que podrían sumarse conforme avance la investigación.
Coimbra y el vicepresidente del Comité, Agustín Zambrana, se presentaron en La Paz para confirmar la admisión de la denuncia y señalar que los tres dirigentes lideraron un “movimiento de destrucción” con el objetivo de una presunta “toma del poder”.
Impacto nacional: bloqueos, pérdidas y tensión política
Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo y se extendieron por 53 días, afectando principalmente la zona andina y luego otras regiones del país. Las protestas generaron escasez de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.
El conflicto también dejó más de una decena de fallecidos, muchos de ellos por falta de atención médica debido a la imposibilidad de trasladar pacientes durante los bloqueos.
La respuesta de Evo Morales
En declaraciones a los medios, Morales afirmó que el Comité Cívico “no tiene autoridad moral” para denunciarlo, recordando que esa organización también recurrió a huelgas y bloqueos en el pasado sin enfrentar acciones penales.
El exmandatario sostiene que las acusaciones buscan criminalizar la protesta social y desviar la atención de la crisis política que atraviesa el país.
El Gobierno y el estado de excepción
Tras semanas de tensión, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio, autorizando a policías y militares a levantar los bloqueos. Las primeras intervenciones se realizaron sin incidentes mayores, aunque los sectores movilizados denunciaron un intento de criminalización y persecución política.
Con la admisión de la denuncia, la Fiscalía iniciará la etapa investigativa, que incluye citaciones, revisión de pruebas y posibles ampliaciones de la acusación. El Comité Cívico exige que la investigación alcance también a parlamentarios y funcionarios que, según ellos, “azuzaron” las protestas o no actuaron para resolver la crisis.
El proceso abre un nuevo capítulo en la disputa política boliviana, mientras el país intenta recuperar la normalidad tras casi dos meses de paralización.