SANTIAGO RD: La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso prisión preventiva, como medida de coerción, contra otro hombre vinculado a la estructura criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos y que fue desmantelada con la Operación XL526. El procesado es Argenis Natanael Peña Cabrera, quien enfrenta cargos por lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología.
El tribunal también declaró complejo el proceso, a solicitud del Ministerio Público, debido a la cantidad de imputados y víctimas vinculadas a la investigación. Las autoridades sostienen que la estructura operaba desde República Dominicana y mantenía conexiones con actividades del crimen organizado internacional.
Según la acusación, Peña Cabrera recibió recursos provenientes de actividades ilícitas y posteriormente los introdujo al sistema financiero mediante transferencias bancarias y transporte de dinero en efectivo. Con estas maniobras, presuntamente buscaba ocultar y encubrir el origen, ubicación y propiedad de los bienes adquiridos.
La investigación establece además que el imputado registró movimientos financieros que no se correspondían con su perfil económico. Entre ellos figuran la recepción de dólares mediante remesas y divisas cuyo origen, de acuerdo con el Ministerio Público, no estaba relacionado con una actividad económica lícita.
Las autoridades también señalan que Peña Cabrera adquirió viviendas, vehículos, prendas de alto valor y otros bienes suntuosos que no habría podido justificar con ingresos legales. El expediente presentado ante el tribunal está sustentado en más de 700 elementos probatorios.
Por este caso también son procesados Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo, alias Nilson; Keila Ventura Peña; Yeudy Ventura Sosa, alias el Pollo; Carlos José Parra Lantigua y Eliardo Peña Almonte. A ellos se suman Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino, alias Pedro Navaja, Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los imputados violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano y de las leyes sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, armas y lavado de activos. También son investigados por su presunta vinculación con asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La Operación XL526 fue ejecutada el pasado 2 de junio mediante 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata, bajo la coordinación de 35 fiscales. Durante el despliegue fueron arrestadas varias personas con fines de investigación y se ocuparon evidencias relacionadas con las actividades atribuidas a la organización.
Las acciones contaron con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado. La investigación también identificó hasta el momento al menos 18 víctimas de la estructura.
De acuerdo con la acusación, los integrantes de la red utilizaban anuncios publicitarios para captar a sus víctimas y posteriormente las sometían a extorsión y chantaje. Para intimidarlas, presuntamente se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales como el denominado “Cartel de Sinaloa” y enviaban imágenes de hechos violentos como mecanismo de amenaza.
Las autoridades indican que la organización tenía su base operativa en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago, y que sus miembros aprovechaban su dominio del idioma inglés y herramientas tecnológicas para contactar a residentes en Estados Unidos. Los fondos obtenidos mediante las estafas eran movilizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos en empresas remesadoras y plataformas de pago.
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago sostienen que las evidencias testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con una estructura dedicada de manera sistemática a la comisión de delitos de alta tecnología y al lavado de los recursos obtenidos. La prisión preventiva por 18 meses permitirá, según la solicitud del Ministerio Público, profundizar las investigaciones sobre la red y determinar el alcance de sus operaciones.