El proyecto de la reforma policial se estudiará en una comisión del Senado,
SANTO DOMINGO: La propuesta de reforma policial entregada el martes al Senado introduce un cambio que variaría una práctica histórica en la seguridad dominicana: la eliminación casi total de policías asignados a instituciones públicas y la restricción de su presencia en empresas privadas.
El proyecto establece en su artículo 147 que los agentes quedan prohibidos de realizar labores de vigilancia, custodia o seguridad en ministerios, direcciones y entidades del Estado, salvo en situaciones excepcionales sustentadas en riesgo y con una autorización del Ministerio de Interior y Policía.
De aprobarse el artículo tal como fue propuesto por el Poder Ejecutivo, en el país se acabaría la práctica recurrente de asignar agentes policiales como personal de seguridad o de custodia en las entidades públicas de la República Dominicana.
A esta novedad se suma que, según el artículo 146, las empresas privadas solo podrán solicitar agentes en casos extraordinarios de interés público y, si reciben la autorización, deberán asumir el costo íntegro del servicio.
La iniciativa, considerada en sus propios argumentos como una reestructuración profunda del modelo policial, también redefine el uso de la fuerza y detalla, entre los artículos 148 y 161, que la actuación policial deberá regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Además, incluye la posibilidad de emplear la fuerza para disolver manifestaciones no pacíficas, como dispone el artículo 149, y la obligación de notificar al Ministerio Público cuando se produzcan daños durante una intervención.
La formación policial
La reforma apuesta también por una transformación del perfil profesional del agente.
Entre los artículos 127 y 132, se propone la creación del Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial, una entidad responsable de certificar competencias, validar conocimientos y controlar el desempeño de todo el personal.
La profesionalización, de acuerdo con el proyecto, abarca también los procesos académicos y la carrera policial, contemplados en el Título IV, donde se establece que solo los miembros de carrera pueden ejercer la función policial y que el ascenso estará sujeto a educación continua, evaluaciones y cumplimiento de requisitos específicos.
El proyecto fija además un sistema permanente de evaluación del desempeño, contenido en el Capítulo X, el cual condicionará la permanencia, ascensos y traslados del agente, integrando métricas de competencias, conducta y rendimiento operativo.
Declaraciones de patrimonios
Otro componente central del proyecto es la transparencia y en una de sus secciones establece que los miembros de todos los niveles —dirección, mandos intermedios y personal operativo— deberán presentar declaraciones juradas de patrimonio.
La propuesta también fortalece el régimen disciplinario. En el Título VII se enumeran como faltas muy graves conductas como el consumo de drogas o sustancias controladas dentro o fuera del servicio, el uso irresponsable de armas, la fuga de detenidos o la negativa a someterse a pruebas de drogas o alcoholemia, según lo previsto en el artículo 227.
Este capítulo también contempla procedimientos diferenciados y la separación estricta entre instrucción y juzgamiento.
Asimismo, el proyecto reconoce garantías para los policías cuando intervienen en situaciones de riesgo. Los artículos 151 y 152 disponen que los agentes tendrán derecho a defensa legal pagada por la institución, apoyo psicológico y atención médica, además de la facultad de rechazar órdenes manifiestamente ilegales.
Las armas
La regulación del sistema de armas también cambia. Los artículos 157 al 160 obligan a que cada policía cuente con un arma exclusiva para servicio preventivo, establecen el uso de municiones identificadas con lote y siglas institucionales, ordenan un registro balístico obligatorio incluso para agentes retirados y exigen revisiones periódicas del arma asignada.