SANTO DOMINGO: El Frente Amplio rechazó la Sentencia TC/1774/25, emitida por el Tribunal Constitucional, al considerarla inconstitucional y contraria al principio de transparencia, al excluir a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas de la aplicación de la Ley General núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.
La organización política afirmó que esta decisión debilita gravemente el derecho fundamental de acceso a la información, consagrado en la Constitución, y favorece la opacidad en un sector que gestiona un servicio público esencial como es la salud, financiado mediante cotizaciones obligatorias establecidas por ley.
“El Tribunal Constitucional adopta una interpretación formalista y restrictiva, reduciendo el concepto de fondos públicos a los recursos del Presupuesto General del Estado, ignorando que las ARS administran recursos de la seguridad social de carácter obligatorio, destinados a garantizar el derecho a la salud de millones de dominicanos”, expresó el Frente Amplio.
El FA advirtió que, aunque las ARS privadas tengan naturaleza empresarial, ejercen funciones de interés general, operan bajo autorización estatal y están sujetas a una regulación intensa, por lo que no deben quedar exentas del escrutinio ciudadano ni del control social.
Asimismo, cuestionó que se pretenda sustituir el derecho directo a la información por un control indirecto a través de la SISALRIL, señalando que la supervisión administrativa no reemplaza el derecho constitucional a la transparencia.
El Frente Amplio calificó como contradictorio que el propio Tribunal reconozca que SeNaSa está sujeto a la Ley 200-04 por administrar fondos públicos, mientras excluye a las ARS privadas, creando una asimetría de transparencia dentro del sistema de salud.
Finalmente, el partido llamó a los sectores sociales, académicos y políticos a impulsar una reforma legal y constitucional que garantice la transparencia plena en el sistema de seguridad social, advirtiendo que este tipo de decisiones afecta la confianza pública y debilita el control democrático.