SANTO DOMINGO: El Poder Ejecutivo se vio obligado a modificar la propuesta original de la DNI por los artículos contra la libertad de expresió.
Aunque el Tribunal Constitucional anuló la criticada ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por contener artículos que vulneran la libertad de prensa y de expresión, la Cámara de Diputados no ha avanzado con los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo a mediados de 2024 y ha mantenido las modificaciones estancadas durante cuatro meses sin ningún desarrollo.
A principios de noviembre del 2024, el Senado aprobó totalmente el proyecto de ley de la DNI y de inmediato lo envió a la Cámara de Diputados, donde se ha estancado sin avances notables. El sistema de información legislativa evidencia que la iniciativa llegó en noviembre a la Cámara Baja y solo fue tocada una vez (el pasado 20 de marzo) por la comisión que es responsable de estudiarla.
El presidente de la comisión permanente de Defensa de la Cámara de Diputados, Ramón Bueno, dijo ayer lunes que el equipo que dirige comenzará en los próximos días el estudio del proyecto.
- El legislador informó que el proyecto fue remitido a su comisión hace alrededor de 15 días y explicó que llegó a la Cámara Baja tras un proceso que comenzó en el Senado, donde fue revisado luego de que el Poder Ejecutivo acordara algunos cambios a la ley de la DNI con representantes del sector periodístico.
Estudios sin prisa
En ese contexto, el diputado señaló que la comisión que preside procederá a estudiar detenidamente los cambios introducidos por el Senado y los acuerdos alcanzados con los periodistas. Afirmó que, de ser así, no habría objeción en aprobar la pieza.
Además, indicó que el proyecto no se estudiará con prisa, ya que cada diputado de la comitiva deberá plantear sus observaciones antes de que se elabore un documento donde se recomiende la aprobación o el rechazo de la propuesta.
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Una ley anulada
En enero del 2024, el Gobierno promulgó la Ley 1-24, que transformaba el Departamento Nacional de Inteligencia en una Dirección. Once meses después, los jueces del Tribunal Constitucional emitieron la sentencia 0767/24, que anulaba por completo la ley alegando que los diputados no usaron el método ni la mayoría correcta para aprobarla.
Sin embargo, desde antes de la anulación ya la ley arrastraba fuertes críticas provenientes, esencialmente, de la Sociedad Dominicana de Diarios que condenaba algunos artículos de la normativa en los que se obligaba a los ciudadanos a entregar datos e informaciones confidenciales a las autoridades sin la orden de un juez.
La sentencia anulatoria del TC, sumada a las críticas sociales, llevaron a que el Poder Ejecutivo reestructura la ley y la presentara como un nuevo proyecto congresual eliminando los artículos que golpean a la libertad de expresión y de prensa. La iniciativa fue aprobada sin trabas en el Senado y ahora solo espera el mismo curso en la Cámara de Diputados.