SANTO DOMINGO: A propósito de que en el país se ha reavivado el debate sobre levantar la prohibición del voto a militares y policías, a raíz de un planteamiento de la jueza Sonia Díaz, del Tribunal Constitucional, la República Dominicana se encuentra en una lista corta de los países que todavía prohiben ejercer su derecho al voto a las fuerzas castrenses.
Aparte de la República Dominicana, Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay son las otras cuatro naciones que todavía impiden a sus militares ejercer el derecho al voto.
Incluso países en los que hubo varias dictaduras militares como Argentina y Chile, se permite que los miembros de los cuerpos castrenses puedan elegir a sus representantes políticos.
Países como Ecuador y Perú reestablecieron la facultad de los militares para votar, en 2017 y 2006, respectivamente, aunque se mantuvo la prohibición de postularse a cargos públicos y participar en actividades partidarias mientras estén activos.
Por otro lado, en países como Estados Unidos, nación pionera en la defensa del voto de sus militares, el día en que hay elecciones llevan los equipos de votación a cada una de las dependencias de los uniformados y ellos votan, aunque no pueden opinar de política.
Estudio sobre voto militar
Un estudio del Observatorio Político Dominicano de Funglode llamado “Voto militar y policial en República Dominicana”, plantea que en las últimas décadas ha habido varias propuestas referentes a permitir el voto militar y policial en la nación, siendo una de las principales iniciativas presentada en 2013, durante la vista pública realizada por la Comisión Bicameral que estudiaba el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Agrega que, en este marco, se propuso la inclusión de la siguiente disposición: “Los policías deben tener el derecho a votar en las elecciones generales e inscribirse en los partidos políticos, que puedan elegir al presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes y regidores, y se le conceda el derecho asociarse dentro de la institución”.
El estudio indica, además, que la propuesta más reciente ha sido la presentada por los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Cívico Renovador (PCR) y Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), quienes mantienen la teoría de que los uniformados también tienen derecho a participar en los procesos electorales.
El OPD-FUNGLODE señala que la iniciativa en cuestión contempla que para el sufragio de los militares y policías se habilite en cada recinto electoral un colegio electoral, a los fines de que estos puedan ejercer el voto y, una vez lo hagan, se reporten a los lugares donde estén prestando servicio.
Origen de la prohibición en RD
El estudio apunta que, en el caso de República Dominicana, desde la primera Constitución proclamada el 6 de noviembre de 1844 el sufragio ciudadano fue consagrado; no obstante, para entonces fue establecido de forma limitada, no universal, pero aun así contemplado.
“Por tanto, desde el origen de la República se ha reconocido el derecho que poseen los ciudadanos de participar en los procesos electivos de la nación. De esta manera, la Constitución de 1854 en su artículo 31 otorgaba el derecho al sufragio a los “oficiales del Ejército de tierra o mar”, apunta.
Este derecho se mantuvo vigente durante 70 años, puesto que, fue hasta la reforma constitucional del año 1924 cuando se volvió a establecer la prohibición del derecho al voto para los policías y militares.
El informe del OPD-Funglode resalta que entre los países analizados de América Latina, 11 de 16 permiten el voto de los militares y policías, sin embargo, en la mitad de estos si bien se permite el voto, se prohíbe su afiliación partidaria y su posibilidad de aspirar a algún cargo electivo o bien a ejercer algún cargo público.
“Únicamente, El Salvador, Nicaragua y Venezuela permiten tanto el sufragio como la afiliación partidaria y su posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular”.
El estudio concluye que no se trata de coartar o eximir de sus derechos a militares y policías, sino, más bien, se trata de salvaguardar sus funciones, toda vez que “el veto blinda a los uniformados contra la polarización política latente y asegura el desarrollo de sus obligaciones y la estabilidad democrática”.