De 393 territorios locales, al menos 246 no podrían ostentar su categoría administrativa si se crearan en la actualidad.
SANTO DOMINGO: Si se revisa la división territorial de la República Dominicana con base en los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda (2022), el 62.59 % de las demarcaciones municipales no cumpliría con los requerimientos mínimos de población para ostentar su categoría político-administrativa en la actualidad.
El tamaño de los gobiernos locales del país es un tema que tiene tanto defensores como detractores, debido a que para algunos sectores representa una forma de garantizar los servicios de la población de forma especializada; y para otros, solo se trata de puestos para abultar la nómina estatal.
Antes del 2007, el sistema jurídico dominicano no contemplaba un mínimo poblacional para la segregación de territorios locales. Estaba vigente la Ley 3455 del 1952, que establecía que la creación, supresión, consolidación o modificación de municipios, así como sus límites y su designación, se dispondrían por ley. Un mandato similar estaba establecido para los distritos municipales.
A partir del 2007, con la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, se estableció un mínimo de 15,000 habitantes para la creación de un nuevo municipio y de 10,000 para un distrito municipal, en un país con una población de casi 11 millones.
Actualmente, los 48,448 kilómetros cuadrados de la nación están divididos en 158 municipios y 235 distritos municipales, cada uno con un presupuesto particular y autonomía administrativa. De estos, solo cuatro municipios se crearon bajo la nueva ley.
Al consultar los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda, se verificó que 74 de los ayuntamientos del país, es decir el 46.87 %, tienen una población por debajo de 15,000 habitantes.
Si se evalúa esta condición en los distritos municipales, el 73.19 % tampoco tendría los requerimientos para constituir una entidad municipal. Unos 172 de los 235 distritos municipales reconocidos oficialmente se encuentran por debajo de los 10,000 residentes.
A pesar de que la Ley 176-07 ha sido una especie de filtro, entre los pocos territorios nacidos bajo dicha legislación, algunos violaron la ley desde su fundación.
Está el caso del municipio de Baitoa en Santiago, creado en 2013. Las disposiciones legales no fueron obstáculo para que se dividiera este territorio sin contar con al menos 15,000 habitantes. De acuerdo con el censo de población del 2010, tenía para ese entonces una población de 11,778 personas, fuera del mínimo de ley.
Carga presupuestaria
Diferentes sectores han criticado el impacto que tiene en las finanzas nacionales la creación indiscriminada de demarcaciones locales. Para tener una idea, de 2003 a 2006 se constituyeron 117 nuevos territorios, es decir, que en tres años se segregó prácticamente el tercio de las divisiones que existen en la actualidad.
El municipalista Waldys Taveras explica que es un problema que deberían atender las autoridades, pero no hay voluntad política para tomar cartas en el asunto.
Las 246 demarcaciones municipales que no llegan a tener el mínimo de población que se requeriría en la actualidad, representan una carga para el Estado de unos 4,500 millones de pesos anuales.
Las transferencias ordinarias del Gobierno Central para estas administraciones ascendieron a 4,588,339,463 pesos solo en el 2023.
De esta cantidad, 1,965,335,728 pesos fueron otorgados a los 74 municipios analizados para esta historia, mientras que 2,623,003,734 fueron depositados a solo 172 distritos municipales.