SANTO DOMINGO: El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, afirmó este domingo que la promulgación del nuevo Código Penal sin las tres causales es un golpe severo, una burla y una estafa a la dignidad de la mujer dominicana.
“En el día de hoy, el presidente Abinader y el PRM sepultan el sueño de la mujer dominicana de la despenalización del aborto en las 3 causales. Un golpe severo a la dignidad de la mujer dominicana, una burla y estafa a quienes confiaron en su propuesta”, expresó Lorenzo en su cuenta X (antiguo Twitter).
Se recuerda que el presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, marcando un avance que sustituye la legislación que rigió desde 1884.
El nuevo Código Penal, que se puede definir como un paso de avance, se erige como una pieza clave para la protección de los derechos de las personas, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la persecución efectiva de los delitos. Entre sus avances más relevantes destacan:
La tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio; se tipifican todos los supuestos convencionales de crímenes de lesa humanidad y genocidio, la desaparición forzada, los delitos con dolo eventual y culpa consciente, los daños por dopaje, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de justicia y se eleva la pena para la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja.
El aumento de las penas de prisión hasta 40 años, e incluso hasta 60 años en caso de concurso de infracciones graves.
La creación de medidas sociojudiciales, que incluyen vigilancia posterior al cumplimiento de condena, registro de agresores sexuales y programas de reeducación para la reinserción social de los infractores.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cual permite sancionar a personas jurídicas que, por negligencia o actos de sus representantes, incurran en delitos.
Órdenes de protección más robustas para víctimas de violencia de género, intrafamiliar o de cualquier agresión que amenace su integridad.