SANTO DOMINGO: La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que la honestidad, transparencia y eficiencia no son virtudes opcionales en la función pública, sino obligaciones inherentes al cargo.
La magistrada se expresó en esos términos al dictar una conferencia sobre el nuevo Código Penal en la Dirección General de Aduanas (DGA), en el marco de la presentación de la campaña Protegiendo lo Nuestro, impulsada junto a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
Reynoso destacó que la corrupción afecta de manera directa el desarrollo del país:
“Cuando el dinero destinado a salud, educación o seguridad no llega por actos de corrupción, la víctima es toda la sociedad”, expresó.
Tráfico de influencia y nuevas sanciones
La magistrada explicó que el nuevo Código Penal contempla delitos como el tráfico de influencia, que será castigado con inhabilitación y sanciones económicas.
“Ya lo teníamos como proyecto activo, pero ahora entra en vigor en menos de un año. Si un juez, por ejemplo, libera a un imputado para favorecer a alguien, está cometiendo tráfico de influencia, y eso es un delito. Estos actos conllevan inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos”, advirtió.
Añadió que la normativa incluye varios tipos penales, con sanciones que van desde tres hasta diez años de prisión, acompañadas de multas económicas.
“Alguien me decía: ‘Maestra, pero con estas nuevas leyes ya nadie podrá ser servidor público’. Y yo le respondí: claro que sí, siempre y cuando haga lo correcto. El que obra bien no tiene nada que temer; el problema lo tiene quien decida actuar en contra de la ley”, sostuvo Reynoso.
“No se puede alegar desconocimiento de la ley”
Reynoso reiteró que la ignorancia no exime de responsabilidad penal:
“La ley se reputa conocida por todos. Usted no puede alegar: ‘yo no lo sabía, yo me confundí, yo creía’. Una vez interrogué a una persona que me decía: ‘yo no sabía que llevarme ese aire acondicionado era delito’. ¿Y qué usted cree? ¿Que porque estaba viejo podía cargarlo? No, más nuevo o más viejo, es un delito”.
La procuradora puntualizó que el abuso de poder en la administración pública también está tipificado en el nuevo Código, incluyendo acciones ilegales que entorpecen el buen funcionamiento del Estado.
Lucha contra la corrupción
La campaña Protegiendo lo Nuestro contempla un póster con un código QR, mediante el cual los ciudadanos pueden acceder a información sobre los delitos vinculados a la corrupción y presentar denuncias anónimas o identificadas, las cuales llegarán directamente a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Reynoso subrayó que, por primera vez en el país, la corrupción es reconocida como un delito autónomo, siguiendo la experiencia internacional con el lavado de activos.
“El patrimonio público no pertenece al gobierno, pertenece a la sociedad. La corrupción no es un error administrativo: es un delito penal que trae muerte, pobreza y desigualdad”, concluyó.