SANTO DOMINGO: En el ejercicio democrático, el respeto a las reglas del juego es tan importante como el resultado de las elecciones.
La reciente decisión de la Junta Central Electoral (JCE), en respuesta a un fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), mediante la Resolución No. 15-2025, introduce cambios significativos en las condiciones que rigen a las organizaciones políticas, incluyendo la forma en que se determina su orden y el mecanismo de distribución del financiamiento público, condiciones que ya habían sido definidas al inicio del proceso electoral recién pasado.
La confianza ciudadana en las instituciones depende de que los procesos electorales se desarrollen bajo condiciones claras, justas y estables para todos los participantes. Es por ello, que las organizaciones consideran que modificar esas condiciones después de concluido un proceso electoral no sólo es un error: es una amenaza directa a la legitimidad del sistema democrático.
Los partidos Justicia Social (JS), Partido de Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD), hacen pública su posición con claridad: las reglas del juego democrático no pueden ni deben reescribirse después de que el juego haya terminado, a menos de que se trate de nuevas reglas para aplicar en un próximo juego.
A su vez, exhortan a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral a reconsiderar esta decisión, e invitan a la ciudadanía y a todas las organizaciones políticas a sumarse a la defensa del respeto a las normas que sostienen nuestra democracia.
Asimismo, invitan a los organismos pertinentes a garantizar que las condiciones electorales se mantengan claras y apegadas a las disposiciones establecidas al inicio de cada proceso, preservando así la equidad, la integridad, la transparencia y la seguridad. Indican que cualquier cambio debe realizarse con suficiente anticipación y consenso, no de forma retroactiva ni para beneficiar coyunturas particulares.
Las organizaciones firmantes reafirman su compromiso con la transparencia, la defensa de la democracia y el respeto al Estado de Derecho, convencidos de que las reglas democráticas deben ser iguales para todos y mantenerse firmes y ciertas desde el inicio hasta el final de cada proceso.