SANTO DOMINGO: jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso una garantía económica de 50 millones de pesos como medida de coerción contra Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, y su hermana Maribel Espaillat, administradora del establecimiento.
Además de la fianza, la magistrada ordenó impedimento de salida del país y presentación periódica para ambos imputados. La audiencia, que se extendió por más de 12 horas, culminó cerca de la 1:30 de la madrugada de este jueves, tras iniciar pasadas las 11:30 de la mañana del miércoles. El tribunal también declaró el proceso como caso complejo.
Desde tempranas horas de la mañana, decenas de agentes policiales resguardaban el entorno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para garantizar la seguridad ante la expectativa generada por el proceso.
Previo a la audiencia, el abogado Ángel Lockward, representante legal de más de 20 víctimas, adelantó que las demandas por indemnización superarán los 10 mil millones de pesos. “Hay que pensar en un grupo del que no se habla, y es el que más necesita justicia: los huérfanos. Hay 130 niños que perdieron a sus padres y hoy no saben cuál será su futuro”, declaró.
Ministerio Público responsabiliza penalmente a los Espaillat
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana, acusándolos de responsabilidad penal en el colapso del techo del Jet Set, ocurrido la noche del 8 de abril, tragedia que provocó la muerte de 235 personas y dejó más de 180 heridas, entre ellas el fallecimiento del cantante Rubby Pérez, quien se presentaba con su orquesta al momento del derrumbe.
La solicitud fue depositada el pasado viernes 13, firmada por un equipo liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, junto a los fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Enamuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
Los fiscales acusan a los hermanos Espaillat de violar los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio involuntario, así como golpes y heridas causadas por negligencia.
Negligencia estructural y violaciones a normativas
Según el expediente acusatorio, el Jet Set Club —originalmente un cine adaptado para discoteca— operaba con una “sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural”, poniendo en riesgo constante la vida de clientes y empleados.
Las investigaciones determinaron que los imputados realizaron remodelaciones importantes —como la instalación de escenarios, sistemas de iluminación, bares y zonas VIP— sin los permisos correspondientes ni evaluaciones técnicas exigidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional.
Entre las modificaciones más críticas, se cita la eliminación de una columna estructural clave sin respaldo técnico, lo que comprometió gravemente la estabilidad del techo. Además, se sobrecargó la estructura con elementos pesados como casetas técnicas, ductos, unidades de aire acondicionado de hasta 20 toneladas y tinacos, sin realizar estudios de resistencia estructural.
Advertencias ignoradas
El Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat conocían los fallos estructurales desde hacía tiempo. Recibieron reportes visuales, fotos, videos y advertencias de sus empleados sobre caídas de escombros y peligros inminentes, las cuales ignoraron deliberadamente.
En un hecho especialmente grave, la fiscalía afirma que Maribel Espaillat se negó a suspender la actividad la noche del derrumbe, a pesar de que se había reportado un incidente previo de caída de escombros. Alegó que no podía detener la fiesta debido a la ausencia de su hermano Antonio, priorizando los ingresos económicos sobre la seguridad de los asistentes.
“El patrón de acciones y omisiones de los imputados —incluyendo remodelaciones sin permisos, sobrecarga estructural, reparaciones inadecuadas y desatención a advertencias— evidencia una conducta sistemática de irresponsabilidad y negligencia que derivó en una tragedia evitable”, sostiene el documento
Peritajes técnicos y obstrucción de la justicia
El equipo investigador incluyó a los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera (experto en estructuras sismorresistentes), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), quienes confirmaron fallas críticas como la ausencia de una columna esencial, anclajes defectuosos y la falta de muros de soporte adecuados.
La Procuraduría también acusa a los imputados de intentar intimidar testigos clave para evitar que ofrecieran declaraciones o presentaran pruebas comprometedoras
Tras el colapso, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso ordenó a la Dirección de Persecución preservar la escena y los escombros para fines del peritaje. Una vez concluidas las labores de rescate, el director del COE, general retirado Juan Manuel Méndez García, entregó la escena al Ministerio Público.
Según la acusación, “los hechos del pasado 8 de abril eran completamente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a la ley y priorizado la vida humana por encima del lucro económico”.