SANTO DOMINGO: El liderazgo del Congreso Nacional y del sector empresarial reafirmaron este miércoles su compromiso con una reforma consensuada, técnicamente fundamentada y equilibrada de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), en medio de los debates actuales sobre su modificación.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que se escucharán todas las voces involucradas en el proceso legislativo antes de aprobar cualquier cambio. “La próxima semana presentaremos un informe con todas las opiniones recogidas para avanzar hacia una ley que sea ambientalmente responsable y también financieramente viable”, afirmó. Además, garantizó que el Congreso protegerá las inversiones ya realizadas por empresas que han apostado por tecnologías biodegradables.
Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó que el proyecto será revisado con detenimiento cuando llegue a la Cámara Alta, con el fin de evitar consecuencias económicas negativas para sectores productivos clave. “Vamos a construir los consensos necesarios con empresas, alcaldías y sectores manufactureros para evitar impactos negativos abruptos”, puntualizó.
En el ámbito empresarial, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, hizo un llamado a que la reforma se base en estudios técnicos rigurosos. “No se trata de evitar la regulación, sino de hacerla bien y con base científica”, señaló, resaltando la importancia de que la nueva legislación promueva un sistema de gestión de residuos sostenible sin sobrecargar a las empresas que ya avanzan en prácticas responsables.
Circe Almánzar, exvicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), expresó su preocupación por los posibles efectos adversos de una legislación que no reconozca los esfuerzos del sector privado en reciclaje y biodegradabilidad. “La ley no puede convertirse en una carga ineficiente para las empresas. Se necesitan mecanismos de compensación y reconocimiento para quienes ya invierten en soluciones sostenibles”, enfatizó.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, reiteró la apertura del Gobierno al diálogo y la coordinación con todos los actores involucrados. “Trabajaremos con todos los sectores para lograr una legislación que equilibre el desarrollo industrial con la responsabilidad ambiental”, afirmó.
Desde la oposición, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, dejó claro que su respaldo a la reforma dependerá de que beneficie al país sin perjudicar al aparato productivo. “Si la reforma conviene al interés nacional, contaré con mi voto. De lo contrario, no”, afirmó.
En el contexto del 62 aniversario del CONEP, estos sectores hacen un llamado colectivo a la racionalidad técnica, el consenso y la protección del ecosistema empresarial. Coinciden en que una reforma eficaz de la Ley 225-20 debe facilitar una transición responsable, diferenciando entre materiales de alto impacto negativo y aquellos que ya han sido adaptados con tecnologías biodegradables, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país sin poner en riesgo empleos ni inversiones.