SANTO DOMINGO: El Partido Generación de Servidores (GenS), liderado por Carlos Peña, solicitó a la Procuraduría General de la República una investigación «amplia, imparcial y exhaustiva» sobre las explosivas denuncias realizadas por el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) durante una entrevista transmitida el 27 de abril de 2025 en la plataforma digital Somos Pueblo Media.
A través de una amplia comunicación formal, GenS expresó su preocupación por las serias acusaciones vertidas por Gómez, las cuales “involucran a funcionarios públicos, figuras políticas y asesores del gobierno, generando un impacto significativo en la opinión pública y sembrando dudas sobre la integridad de las instituciones estatales”.
- Las acusaciones
Jochi Gómez, imputado en el denominado Caso Camaleón por sabotaje, espionaje, terrorismo y lavado de activos, hizo una serie de revelaciones que afectan directamente a figuras importantes del actual gobierno, incluyendo al mismo presidente Luis Abinader.
Entre los señalados se encuentran Jorge Luis Polanco, excoordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), a quien Gómez acusa de haber apagado, junto a Milton Morrison, actual director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el sistema de semáforos en Santo Domingo en agosto de 2024.
“Se perdieron 50 millones de pesos en la Torre Veiramar, hecho que según él está documentado, ya que un dron que él tenía en la torre grabó lo sucedido, y dio a entender que Polanco estuvo involucrado en la desaparición de dichos fondos”, establece.
Otro de los señalamientos más graves es la acusación contra Polanco y Luis Soto, director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), de intentar apropiarse del software Pegasus, presuntamente por órdenes del presidente Abinader.
“Gómez afirmó que Polanco y Soto le solicitaron documentos confidenciales relacionados con Pegasus, un software de inteligencia, y que la condición para resolver conflictos relacionados con el caso Transcore-Intrant era entregárselo. Según Gómez, tiene pruebas, incluyendo una conversación grabada de dos minutos con Polanco y Francisco Tamarez, que respaldan estas acusaciones, las cuales planea presentar en los tribunales”, indica el documento.
Respecto al director de Intrant, Milton Morrison, además de señalar su implicación en el apagón semafórico, Gómez lo acusa de ofrecer sobornos a funcionarios estadounidenses para influir en el manejo del Caso Transcore-Intrant.
En cuanto a Mauricio de Vengoechea, asesor del presidente, Gómez denunció que habría exigido un 5% de comisión sobre el proyecto estatal de inspección técnica vehicular, conocido como “la revista”.
“Esta acusación fue dirigida también al exdirector del Intrant, Hugo Beras, a quien Gómez instó a confirmar o desmentir el hecho”, expresa.
- Acusaciones directas al presidente Abinader
Jochi Gómez también implicó al presidente Abinader, señalando que habría designado a Jorge Luis Polanco para «arreglar» el escándalo de corrupción del Caso Camaleón.
Según Gómez, esta designación implicaría que Polanco fuera encargado de encubrir o manejar las consecuencias de las acusaciones relacionadas con este caso, en lugar de garantizar una investigación transparente. Gómez sugirió una intención de proteger intereses relacionados con la corrupción
Además, Gómez señaló a figuras como el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, por presuntamente no intervenir en una finca de drogas ubicada en Bánica, Elías Piña, a pesar de tener conocimiento de su existencia.
También denunció a Pablo Portes, asesor de Abinader, de estar vinculado con esa finca y con redes de narcotráfico asociadas a Gilbert Bigio.
Gómez mencionó que un alto funcionario no identificado tendría dos aviones privados y exigiría un 30% de comisión en contratos gubernamentales.
- GenS solicita acción inmediata
GenS argumenta que las denuncias de Gómez son de una gravedad extrema y que, dada su especificidad y la promesa de presentar pruebas, no pueden ser ignoradas.
“El Estado tiene como función esencial la protección de los derechos de la persona y la promoción de la justicia, como establece el artículo 8 de la Constitución”, afirmó Carlos Peña, presidente de GenS. “La corrupción, el sabotaje y la fabricación de expedientes son delitos graves que requieren una investigación inmediata para preservar el Estado de Derecho”, agregó.
- El partido pidió a la Procuraduría:
- Investigar a todos los mencionados por Gómez.
- Requerir la entrega de las grabaciones y documentos como pruebas.
- Garantizar una investigación transparente y sin influencias políticas.
- Coordinar acciones con instituciones como el Ministerio de Defensa, el Intrant y la Pepca.
«Confiamos en que la Procuradora General actuará con el compromiso que la nación dominicana exige», concluyó Peña.
Las acusaciones de Gómez han generado una ola de reacciones en la sociedad dominicana, donde crecen los reclamos de transparencia y justicia en torno a este nuevo escándalo que sacude al gobierno.