SANTO DOMINGO: Un amplio operativo policial ejecutado a tempranas horas de este sábado en la avenida Máximo Gómez, en el tramo comprendido entre las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy, donde está ubicada la emblemática Plaza Teleofertas, ha generado denuncias de presuntas irregularidades por parte del presunto propietario, quien asegura no haber sido notificado previamente de un proceso de desalojo.
La denuncia fue realizada por Jhon Marte, quien afirmó que él y su familia fueron sorprendidos alrededor de las 5:00 de la mañana, tras recibir una llamada de su personal de seguridad alertando sobre la presencia de un contingente de más de mil agentes policiales que acordonaron el área.
“Cuando llegamos al lugar no nos permitieron el acceso en vehículo. Tuvimos que estacionarnos cerca del Banco Popular y caminar para entender qué estaba pasando. En ningún momento recibimos notificación previa de desalojo”, expresó Marte.
El denunciante sostuvo que la medida afecta a más de 20 negocios establecidos en la zona, algunos con más de 30 años de operación continua. Entre estos mencionó bares, oficinas, bancas de lotería, salones, gimnasios y espacios deportivos, los cuales, según dijo, han servido durante décadas a la comunidad.
Marte aseguró que la ocupación de los terrenos se ha mantenido bajo contratos de arrendamiento y cuestionó la legalidad del proceso, alegando que la orden de desalojo estaría basada en una reclamación de titularidad por parte de un particular identificado como Eduardo Selman, a quien acusó de no poseer los derechos legítimos sobre los terrenos.
“Se ha violado el debido proceso y el estado de derecho. No se nos notificó ningún acto legal previo. Este caso aún está en los tribunales y no existe una sentencia definitiva a favor de ninguna de las partes”, indico.
Asimismo, afirmó que hace aproximadamente cuatro meses se habría emitido una decisión judicial favorable a los ocupantes, y que actualmente existe un proceso legal en curso, que, según explicó, impediría la ejecución de medidas como el desalojo hasta tanto haya un fallo definitivo.
El denunciante también hizo un llamado directo al presidente de la República, Luis Abinader, solicitando su intervención en el caso.
“Quiero que el Presidente escuche este caso y nos apoye a favor de tantas familias que estams aquí siendo abusadas por parte de un sector privado que está utilizando construcción para obtener este tipo de despliegue”, manifestó.
Versión oficial
De su lado, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que la institución actuó en calidad de fuerza pública para garantizar el orden durante la ejecución de un desalojo sustentado en una orden judicial.
“La Policía está aquí en acompañamiento a una decisión judicial de desalojo ejecutada por instrucciones del abogado del Estado. Nuestra presencia es para garantizar la seguridad y el orden”, precisó.
Pesqueira indicó que en el lugar también se encontraban alguaciles responsables del procedimiento legal y que la intervención policial responde a un mandato constitucional. Aseguró además que, hasta el momento, no se han registrado incidentes durante el operativo.
Respecto a las denuncias de falta de notificación, el vocero reiteró que la Policía no interviene en los aspectos legales del proceso, limitándose únicamente a brindar apoyo en materia de seguridad.