Solo en el período enero-septiembre de 2024, el Gobierno destinó RD$2,320 millones de pesos en subsidios para los transportistas.(cortesía panorama)
SANTO DOMINGO: El transporte público en la República Dominicana no solo es un sistema de movilidad, sino un reflejo de cómo el poder y la impunidad han permitido que los sindicatos controlen rutas y subsidios millonarios a pesar de estar involucrados en escándalos de corrupción y violencia; aun con su historial, varios de estos líderes del transporte han logrado mantener su influencia y han llegado a ocupar posiciones clave dentro del Estado.
Según datos del Ministerio de Hacienda, solo en el período enero-septiembre de 2024, el Gobierno destinó RD$2,320 millones de pesos en subsidios para los transportistas, una cifra que supera lo erogado en el mismo periodo de 2023, cuando el monto fue de RD$1,725.2 millones. Proyectando estos datos al cierre del año, se estima que el sector transporte habría recibido más de RD$3,000 millones en aportes del Estado. Sin embargo, este cálculo solo refleja la información visible en documentos oficiales, mientras que diversas fuentes aseguran que el monto total de las ayudas es mucho mayor.
Según la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), los choferes del transporte público reciben entre RD$3,420 y RD$5,000 mensuales del programa BonoGas Choferes. Sin embargo, este subsidio no se entrega directamente a los conductores, sino que pasa por las federaciones y sindicatos, que gestionan los listados con el Instituto de Tránsito Terrestre (Intrant).
Este esquema refuerza el poder de los gremios en el sector, otorgándoles un rol determinante en la distribución de los subsidios. Si bien el Gobierno justifica estos beneficios como un mecanismo para evitar aumentos en el pasaje, las faltas de información transparente sobre cuántos choferes realmente reciben estos montos y en qué condiciones, plantea serias dudas sobre el recorrido de estos recursos y su impacto real en el transporte de pasajeros.
Sin embargo, el BonoGas no es la única ayuda que reciben los transportistas. Existen descuentos focalizados en el precio del gasoil que benefician a los propietarios de autobuses y minibuses que operan en rutas concesionadas, aunque los informes oficiales no detallan con precisión el volumen de combustible subsidiado ni los criterios para su asignación. En el 2022, el entonces ministro de la Presidencia Lisandro Macarulla, dijo que el Gobierno otorga cada mes, 1.5 millones de galones de gasoil subsidiado, con una reducción de RD$ 48 pesos por galón a las empresas del transporte. Estamos hablando de RD$ 72 millones mensuales, que al año equivaldrían a RD$ 864 millones de pesos.
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A pesar de la magnitud de estos subsidios, el transporte público dominicano sigue siendo un problema crónico. Rutas saturadas, vehículos deteriorados y tarifas que no siempre se ajustan a la realidad económica de los ciudadanos son algunas de las quejas recurrentes de los usuarios. Mientras el Gobierno continúa destinando miles de millones al sector, las mejoras estructurales parecen mínimas y el control de los sindicatos sigue intacto.
La violencia como herramienta de control sindical
Por décadas, los sindicatos han mantenido su dominio no solo con influencia política y económica, sino con agresiones y amenazas contra quienes desafían su control. La impunidad ha sido la norma.
Un patrón de violencia e impunidad
Este grupo recibe dinero del Gobierno a pesar de que, a lo largo de los años, el control sindical del transporte ha estado marcado por actos de violencia que han dejado muertos, heridos y daños millonarios. A continuación, algunos de los episodios más graves:
2007 – Incendio de autobús con trabajadores de zona franca
En el km 13 de la autopista Las Américas, sindicalistas incendiaron un autobús que transportaba trabajadoras de una zona franca. Siete mujeres sufrieron quemaduras graves. A pesar de la indignación pública, el Tercer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo dictó auto de no ha lugar a favor de los acusados, entre ellos Juan Hubieres, Antonio Marte y el fallecido Ramón Pérez Figuereo.
2012 – Asesinato de Domingo Antonio Guzmán
En medio de disputas sindicales, fue asesinado el empresario del transporte Domingo Antonio Guzmán, quien operaba rutas entre Boca Chica y Santo Domingo. El crimen se relacionó con conflictos internos entre federaciones.
2013 – Asesinato de Bladimir Guzmán Mejía
Chofer de la ruta 88 y miembro de la Federación de Choferes El Progreso, fue asesinado en el puente Juan Carlos de Santo Domingo Este en un conflicto entre sindicatos rivales.
2014 – Balacera en Puerto Caucedo
Una disputa entre sindicatos de Fenatrado y de Boca Chica por el control del transporte de mercancías terminó en una balacera que dejó un muerto y varios heridos.
2014 – Ataque con bomba casera en Santiago
Durante una protesta de la Central Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT), desconocidos lanzaron una bomba casera dentro de un autobús, dejando con quemaduras graves a una mujer y lesionando a su hijo de 8 años.
2015 – Secuestro de autobús escolar en Boca Chica
Choferes de Sichoproboch y Asochombca impidieron que un autobús con 50 niños y profesores asistiera a la Feria del Libro porque no pertenecía a su sindicato.
2017 – Bloqueo de carreteras y pérdidas millonarias
Fenatrado bajo la vocería de Ricardo de los Santos, paralizó el transporte de carga, generando pérdidas de RD$960 millones diarios y afectando el comercio. El Gobierno terminó negociando con los sindicatos, consolidando su poder como grupo de presión.
2020 – Asesinato de Juan Francisco Arias Brito
Un chofer de autobús fue asesinado en San Cristóbal durante una disputa por el control de la ruta B. Su muerte desató protestas de choferes que denunciaban la inseguridad dentro del sector.
Por último en el 2022, un grupo de empresarios intentó establecer una nueva ruta interurbana sin el respaldo de las federaciones tradicionales. En menos de un mes, sus autobuses fueron atacados y algunos conductores amenazados. Las denuncias llegaron hasta el Intrant, pero las autoridades nunca tomaron medidas. Casos como este han convertido el sector en un territorio donde los sindicatos dictan quién puede trabajar y quién no.
De la cárcel y el conflicto al poder
En el transporte dominicano, el poder y la impunidad han ido de la mano. Lejos de quedar desplazados por sus antecedentes judiciales, los principales dirigentes del sector han logrado ascender hasta posiciones de influencia política y económica. Desde condenas por corrupción hasta acusaciones de sicariato; sin embargo, sus expedientes judiciales no han impedido que sigan controlando rutas, tarifas y subsidios millonarios.
A continuación, un repaso de los principales líderes sindicales, sus antecedentes y su posición actual en el panorama político y económico del país:
Antonio Marte (Conatra): de la condena al Senado
Casimiro Antonio Marte Familia, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), fue condenado en diciembre de 2007 a tres años de prisión y una multa de RD$8 millones por su implicación en el fraude del Plan Renove, un programa gubernamental que buscaba modernizar la flota vehicular, pero que terminó en la malversación de más de RD$1,800 millones.
Tras conocer la sentencia, Marte solicitó que se le permitiera visitar a su médico una vez por semana mientras cumplía su condena. Además, informó que los afiliados de Conatra realizarían una colecta para ayudarlo a pagar la multa de RD$8 millones.
Un año después, en diciembre de 2008, el presidente Leonel Fernández lo indultó, junto a otros implicados, argumentando razones humanitarias y de salud. Este indulto fue ampliamente criticado y considerado como una muestra de impunidad.
Antonio Marte convirtió su liderazgo en el transporte en una plataforma política que lo llevó al Senado. Desde allí, sigue defendiendo los intereses del sector, reclamando subsidios y facilidades para los sindicatos.
Ricardo de los Santos (Fenatrado): del sindicato al Senado
Ricardo de los Santos es el actual presidente de Fenatrado, cargo que asumió tras la condena de Blas Peralta. Aunque no tiene antecedentes judiciales, ha estado en el centro de múltiples controversias dentro del sector transporte.
En 2008, se opuso a las condenas contra varios dirigentes en el caso Plan Renove, organizando paralizaciones en protesta. En 2017, encabezó una huelga del transporte de carga que provocó pérdidas diarias de RD$960 millones, lo que obligó al gobierno a negociar con su gremio.
Su liderazgo en Fenatrado le sirvió de plataforma para dar el salto a la política, y actualmente es presidente del Senado de la República, representando a la provincia Sánchez Ramírez. Desde su puesto, sigue siendo una de las figuras más influyentes en las negociaciones del transporte de carga.
Juan Hubieres: querellas y movilización política
Como presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, ha sido una de las figuras más polémicas del transporte. Su historial de conflictos legales incluye una querella en marzo de 2022e donde seis empresas del sector lo acusaron de amenazas de muerte, intento de homicidio, asociación de malhechores, difamación e injuria.
Además, Fenatrano mantiene una deuda de más de RD$393 millones con el Estado derivada del Plan Renove, cifra que Hubieres ha atribuido a represalias políticas. A pesar de estos antecedentes, su influencia sigue intacta y ha utilizado las huelgas como un método de presión, consolidándose como una figura clave en las negociaciones del transporte.
En el ámbito político, fue diputado del Congreso y ha intentado posicionarse como una voz de oposición a los gobiernos de turno, denunciando corrupción dentro del sector transporte mientras sigue beneficiándose de los mismos esquemas que critica.
Arsenio Quevedo (Unatrafin): acusado de sicariato y absuelto
Arsenio Quevedo, presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), protagonizó uno de los casos más escandalosos dentro del sector. En noviembre de 2015, fue arrestado y acusado de liderar una red de sicariato que, presuntamente, ejecutaba choferes para controlar rutas de transporte. Se le vinculó con los asesinatos de varios conductores en enero de 2015, junto al exregidor Erickson de los Santos Solís.
Tras un largo proceso judicial, en marzo de 2018, fue absuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Sin embargo, en junio de 2023, el Cuarto Tribunal Colegiado ordenó su arresto por supuestamente entorpecer el proceso. Finalmente, en noviembre de 2024, fue declarado no culpable de los asesinatos y quedó en libertad.
Blas Peralta (Fenatrado): condenado por asesinato
Blas Peralta, exlíder de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), fue condenado dos veces por distintos delitos. La primera, en el caso Plan Renove, donde recibió seis meses de prisión por corrupción.
Sin embargo, el caso más grave ocurrió en 2017, cuando fue sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de Mateo Aquino Febrillet, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). La sentencia fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia en 2018 y por el Tribunal Constitucional en 2023.
A diferencia de otros dirigentes que lograron evitar la cárcel o recibir indultos, Blas Peralta sigue cumpliendo su condena y no ha vuelto a figurar en el liderazgo sindical de manera directa.
Alfredo Pulinario Linares «Cambita» condena y expansión del negocio
Alfredo Pulinario Linares, conocido como «Cambita», dirige el Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran) y fue condenado a seis meses de prisión domiciliaria en 2008 por su vinculación con el fraude del Plan Renove.
A pesar de su condena, «Cambita» ha logrado consolidar su poder en el transporte urbano, obteniendo la administración de varios corredores de autobuses en la capital. Su liderazgo dentro de Mochotran lo ha convertido en uno de los principales beneficiarios de las concesiones del gobierno, lo que le ha permitido expandir su influencia dentro del sector sin enfrentar más consecuencias legales.
Gervasio de la Rosa: otro indultado
En 2005, de la Rosa, quien dirige la Federación Regional de Trabajadores del Transporte (Fetranreno) y el Consorcio Dominicano del Transporte, fue sentenciado a dos años de cárcel y una multa de 3 millones de pesos por el mismo caso del Plan Renove.
Aunque la sentencia de la Rosa fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia en 2008, el presidente Leonel Fernández lo perdonó ese mismo año, junto con otros involucrados en el caso.
A pesar de su pasado judicial, Gervasio de la Rosa ha conservado su posición de liderazgo en el sector del transporte. Actualmente, sigue al mando de su federación y del Consorcio Dominicano del Transporte, teniendo una gran influencia en las decisiones y políticas relacionadas con el transporte público en el país.
Estos perfiles muestran que, lejos de ser desplazados por sus antecedentes judiciales, los líderes del transporte han mantenido e incluso fortalecido su influencia. Algunos han logrado cargos políticos, otros siguen negociando subsidios y concesiones, y los pocos que han sido condenados han recibido indultos o penas mínimas.
En un sistema donde el transporte es un negocio multimillonario con fuertes nexos en el poder, los sindicatos han demostrado que la justicia es solo un obstáculo temporal en su camino al control absoluto.
El transporte como un monopolio sindical protegido por el Estado
A través de estas alianzas con el Estado, los sindicatos han asegurado concesiones exclusivas en los llamados «corredores de transporte», una estrategia que supuestamente modernizaría el sistema, pero que en la práctica solo ha fortalecido su dominio.
Los principales corredores de transporte, en manos de los sindicatos:
Corredor José Núñez de Cáceres → Administrado por Conatra (Antonio Marte).
Corredor Winston Churchill → Gestionado por Mochotran (Alfredo Pulinario «Cambita»).
Corredor Charles de Gaulle → También manejado por Mochotran.
Según una información publicada por este mismo diario en fecha 28 de enero de este año, para operar estos corredores, los sindicatos reciben millones de pesos a través del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (Fimovit), el cual ha transferido RD$1,796 millones entre 2019 y 2024 para cubrir déficits operativos. En lugar de abrir el mercado a la libre competencia, el Gobierno ha permitido que estos fondos sean administrados directamente por las mismas organizaciones que controlan el transporte desde hace décadas.
Un ejemplo claro de cómo estos fondos benefician directamente a los sindicatos es el caso del Corredor Núñez de Cáceres. En 2023, dicho corredor transportó 2,846,771 pasajeros, generando ingresos de RD$99,636,985. Sin embargo, debido a los costos operativos, se registró un déficit de más de RD$57 millones, el cual fue cubierto con fondos estatales. A pesar de este subsidio, Conatra recibió una ganancia neta de RD$10 millones por la gestión del corredor, demostrando cómo los sindicatos se benefician de un sistema que opera con recursos públicos sin una competencia real.
Sin dudas, el sector transporte en República Dominicana es un negocio controlado por un grupo que, pese a escándalos, condenas y hechos violentos, sigue beneficiándose de subsidios millonarios y concesiones exclusivas. Mientras tanto, los ciudadanos pagan las consecuencias de un sistema caro, caótico e ineficiente.
Las federaciones han convertido el transporte en un monopolio donde ellos deciden quién opera, a qué precio y en qué condiciones. Su dominio no solo afecta la competencia, sino que impide mejoras reales en el sistema. Mientras el Estado siga financiándolos sin exigir transparencia, la crisis persistirá.
El país no puede seguir subsidiando un sistema que enriquece a unos pocos a costa del caos y el deterioro. Frenar la impunidad y exigir transparencia es la única vía para que el transporte sirva realmente a los ciudadanos.