SANTO DOMINGO: La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Ministerio de Educación (Minerd) mantienen diferencia en cuanto a la fecha de regreso a clases tras la pausa por las festividades de Navidad y Año Nuevo, generando confusión entre docentes, estudiantes y padres de familia.
Por su parte, el Minerd confirmó recientemente que las clases se reanudarán el próximo martes 6 de enero de 2026, cumpliendo con el calendario escolar oficial y asegurando la continuidad del año académico en todas las modalidades de enseñanza.
Sin embargo, la ADP cuestionó esta decisión, señalando que la reprogramación del regreso afecta la planificación escolar y la jornada laboral de los docentes, considerando que muchas comunidades todavía se encuentran en plena recuperación tras las festividades.
La entidad sindical solicitó al Minerd una revisión de la fecha, proponiendo posponer el retorno a clases para garantizar mejores condiciones tanto para el personal docente como para el estudiantado.
En un comunicado oficial, la ADP argumentó que “el apresurado retorno sin considerar las realidades sociales y comunitarias puede impactar negativamente en la organización escolar, el rendimiento académico y la integridad física y emocional de nuestros educadores y estudiantes”.
“Es preciso recordar a las autoridades del Ministerio de Educación que la ADP no permitirá que se violente el artículo 83, literal B, del Estatuto del Docente y la Ley General de Educación 66-97, que establece que los docentes tienen derecho a 10 días laborables de vacaciones de Navidad. Esto no es un invento, lo dice la ley. Las y los maestros tienen derecho”, explicó el presidente de la ADP.
La discrepancia ha generado reacciones diversas entre padres, dirigentes comunitarios y educadores, algunos de los cuales han manifestado su preocupación por la aparente falta de consenso, mientras otros han respaldado la posición del ministerio para mantener la planificación establecida.
La controversia también ha sido tema de discusión en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde sectores políticos y sociales han pedido que se priorice el bienestar de los educadores y estudiantes, sin afectar el cumplimiento de las metas pedagógicas del año escolar.