SANTO DOMINGO: La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propuso este viernes la creación de un reglamento nacional sobre videovigilancia en los centros educativos, como respuesta al debate público generado por la instalación d cámaras en planteles escolares. La propuesta plantea que dicho reglamento sea elaborado con la participación del Ministerio de Educación (Minerd), la propia ADP, padres, madres y representantes de la sociedad civil.
En un comunicado de prensa, el gremio magisterial dejó claro que no se opone a la adopción de medidas de seguridad en las escuelas, siempre que estas no vulneren el derecho a la intimidad de estudiantes y docentes, ni se utilicen como herramientas de control laboral o disciplinario.
“La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Sin embargo, la implementación de cámaras de vigilancia no puede ser impuesta de manera unilateral, sin regulación legal ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa”, expresó la ADP.
- Diálogo multisectorial y sanciones por uso indebido
Además del reglamento, la ADP propuso la conformación de una mesa de diálogo que integre al MINERD, el Defensor del Pueblo, representantes de padres y amigos de la escuela, Unicef y otros sectores sociales. También sugirió establecer sanciones claras por la instalación irregular de sistemas de videovigilancia o el uso indebido de las grabaciones.
- Llamado al respeto de la ley y los derechos fundamentales
La ADP enfatizó que toda instalación de cámaras debe estar respaldada por una normativa legal clara, un proceso de consentimiento informado y transparente por parte de las familias, el personal docente y administrativo, y un estudio previo sobre su impacto legal, social y psicológico.
El gremio citó la sentencia TC/0096/19 del Tribunal Constitucional Dominicano, que reconoce la legitimidad del uso de tecnologías para combatir la inseguridad, pero advierte que estas deben respetar límites razonables que garanticen el derecho a la intimidad.
Asimismo, recordó que la Procuraduría de Protección de la Niñez y el Defensor del Pueblo han manifestado que cualquier política de videovigilancia escolar debe centrarse exclusivamente en la protección del menor y no en mecanismos de control punitivo o disciplinario.
- Marco internacional y protección de datos
La ADP también apeló a normativas internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales, y las observaciones de la Unesco y Unicef sobre vigilancia en entornos educativos.
Sobre la protección de las grabaciones, el sindicato recalcó que solo las autoridades competentes podrán acceder al material visual, y su uso debe estar estrictamente limitado a fines de seguridad. Cualquier difusión o publicación sin autorización podría conllevar consecuencias penales o administrativas.
“La ADP se mantiene firme en su compromiso de defender un ambiente escolar seguro, pero también libre, respetuoso de la dignidad humana y de la intimidad de cada miembro de la escuela”, concluyó la organización.