SANTO DOMINGO: Un tribunal otorgó una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar acusación contra los diez imputados del expediente instrumentado a raíz de la Operación Búfalo NK desplegada por el Ministerio Público en septiembre pasado contra una red internacional de narcotraficantes que operaba en Colombia, Puerto Rico y República Dominicana.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibeth Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El proceso fue declarado complejo el pasado 5 de octubre de 2024 por el juez Rigoberto Sena, quien además impuso prisión preventiva contra ocho de los imputados, entre ellos, Rafael Ynoa Santana, Isidoro Rotestán Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavárez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
Mientras que sobre Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana pesan las medidas consistentes en impedimento de salida del país y el pago de garantías económicas por RD$500,000 y RD$200,000.
El principal acusado, Rafael Ynoa Santana, cumple prisión preventiva en el centro penitenciario de La Romana, mientras que los demás permanecen en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Durante el conocimiento de las medidas de coerción, tres imputados, incluyendo al cabecilla Rafael Ynoa Santana y su pareja sentimental, Germania Mercedes Natali Román, admitieron su participación en los hechos que se les imputan.
La instancia del Ministerio Público, de más de 200 páginas, establece que este caso exhibe todos los elementos del crimen organizado, incluyendo los delitos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores.
Los arrestos se produjeron mediante un amplio operativo simultáneo por aire, mar y tierra en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del Ministerio de Defensa y organismos de inteligencia del Estado, así como con la cooperación internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.
Los imputados trasladaban grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa utilizando lanchas rápidas y barcos pesqueros. Las sustancias ingresaban a territorio dominicano y puertorriqueño para su posterior distribución en mercados internacionales, donde el valor del producto se triplicaba, generando enormes beneficios económicos para la red criminal.