HATO MAYOR: Un tribunal dispuso enviar a juicio a dos hombres acusados de participar en el secuestro de un ciudadano ocurrido en mayo de 2024, en la provincia Hato Mayor. La medida fue adoptada a solicitud de los fiscales de la Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía local.
La jueza Elizabeth Alcalá Valencia, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor, emitió la orden de apertura a juicio contra los procesados Alberto Laureano Cabrera (alias “Sanpedrano”) y Raymell Stiphen de la Cruz.
De acuerdo al Ministerio Público, el expediente establece que el 3 de mayo de 2024, alrededor de las 6:30 de la tarde, Laureano Cabrera, Stiphen de la Cruz y Miguel Ángel Noyer —este último fallecido— secuestraron a la víctima en el parque del municipio El Valle, utilizando un vehículo Kia gris. Posteriormente, lo amordazaron y le colocaron un grillete metálico
Los imputados vestían indumentaria falsa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y portaban placas, gorras con insignias de la DNCD y la Policía Nacional, cargadores y cápsulas de fusil. En el lugar del hecho se hallaron casquillos que evidencian un intercambio de disparos.
Alertadas por testigos, las autoridades interceptaron el vehículo en Sabana de la Mar, donde se produjo un tiroteo que permitió rescatar a la víctima. Stiphen de la Cruz fue detenido en el lugar, mientras que Laureano Cabrera fue capturado días después. Ambos habían planificado el hecho, desde alquilar el vehículo hasta preparar las armas.
Por su parte, Miguel Ángel Noyer, identificado como cabecilla del grupo, murió en un enfrentamiento con la Policía al día siguiente, en San Pedro de Macorís.
Los fiscales Claudio Cordero y Daniel Robles presentaron ante el tribunal un conjunto de pruebas documentales, periciales, testimoniales, materiales y audiovisuales que vinculan a los acusados con el secuestro.
Las titulares de la Procuraduría Antilavado y de la Fiscalía de Hato Mayor, Ramona Nova y Marleni Guante, reiteraron el compromiso del Ministerio Público de combatir confirmeza el crimen organizado.