SANTO DOMINGO: El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce este jueves la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en el presunto desfalco de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa), uno de los casos de corrupción administrativa más relevantes de los últimos años.
La audiencia está a cargo del magistrado Rigoberto Sena, quien, al iniciar la lectura de la acusación, pidió al Ministerio Público presentar un resumen de la solicitud de coerción.
El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el proceso sea declarado caso complejo, debido a la magnitud de los hechos y el número de personas involucradas.
Los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) exponen ante el tribunal un relato detallado de las imputaciones.
Entre los representantes del Ministerio Público presentes en la audiencia figuran Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, junto a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes se turnan en la presentación del caso.
Imputados y cargos
En la acusación figuran como imputados:
- Santiago Hazim, exdirector del Senasa
- Rafael Luis Martínez Hazim
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Eduardo Read Estrella
- Cinty Acosta Sención
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma Ubiera
- Heidi Mariela Pineda Perdomo
Al grupo se le atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, entre otras infracciones vinculadas al presunto entramado administrativo y financiero.
El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían utilizado su posición y funciones para estructurar un esquema de corrupción que afectó significativamente los recursos del sistema de salud estatal.
La audiencia continúa en desarrollo mientras el tribunal evalúa los argumentos de ambas partes para decidir sobre la solicitud de coerción.