SANTO DOMINGO: Fue aplazada la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra los ejecutivos de la empresa Barra Payán, luego de que los abogados de la parte querellante recusaran a la jueza Fátima Veloz, lo que impidió la continuación del proceso en la fecha prevista.
Los imputados Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera están vinculados a un presunto desfalco de RD$40 millones, en perjuicio de los socios de la referida empresa.
La defensa de los acusados aclaró que el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva, sino únicamente la imposición de una garantía económica de un millón de pesos, además de presentación periódica ante las autoridades judiciales.
Según el abogado defensor, la recusación interpuesta por la parte querellante busca dilatar el conocimiento de la medida de coerción, al entender que los imputados no representan peligro de fuga.
Indicó que los elementos probatorios son débiles y que los acusados, de 70 y 65 años de edad, han comparecido a todas las actuaciones del Ministerio Público durante los últimos cuatro años.
Durante el desarrollo de la audiencia, la jueza Fátima Veloz advirtió que la actuación de los querellantes podría constituir un uso abusivo de los mecanismos procesales, e incluso aludió a la posibilidad de litigación temeraria.
De acuerdo con la defensa, la magistrada dejó constancia de que la recusación podría acarrear consecuencias legales en caso de ser declarada infundada por la Corte de Apelación.
Ante esta situación, la audiencia fue suspendida y el incidente de recusación será remitido a la Corte de Apelación, conforme a lo establecido por la ley. El proceso continuará una vez se emita una decisión sobre la recusación y se determine la continuidad del tribunal apoderado.
El expediente se originó a partir de una querella privada por presuntas irregularidades administrativas y financieras en la gestión interna de la empresa Barra Payán, supuestamente cometidas entre 2019 y 2022, las cuales habrían generado un significativo perjuicio económico a los demás socios.