SANTO DOMINGO: LOSjueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenaron a 15 años de prisión a tres integrantes de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación MC Girasoles en junio de 2024.
Los culpables son los ciudadanos venezolanos Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano, quienes deberán cumplir las penas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. Además, ordenó el pago de una indemnización de RD$500,000 para cada víctima.
La acusación fue sustentada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, que estableció en el expediente que los imputados formaban parte de una estructura dedicada a captar mujeres en el extranjero para explotarlas sexualmente en el país.
Tras la lectura del fallo, la fiscal Aleika Almonte, de la PETT, explicó que el tribunal valoró la responsabilidad penal de los acusados con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
“Los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público se mantienen firmes y, en una eventual etapa recursiva, la Corte tendrá la oportunidad de verificarlos y confirmar la responsabilidad penal de los imputados”, afirmó.
La representante del órgano acusador indicó que el tribunal consideró suficientes las evidencias para demostrar la acusación y la configuración de los tipos penales por los cuales fueron procesados.
En el caso también participó Ángela Díaz, abogada de las víctimas.
Los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista fijaron la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 29 de abril a las 2:00 de la tarde.
Durante el juicio, el tribunal valoró los testimonios de testigos y las evidencias recolectadas durante los allanamientos, entre ellas ropa, preservativos, documentos personales, sustancias controladas, balanzas y trituradoras utilizadas para procesar drogas.
De acuerdo con el expediente, la operación se ejecutó luego de que el Ministerio Público rescatara a tres víctimas de nacionalidad colombiana, quienes denunciaron que permanecían encerradas en el lugar donde eran sometidas a maltrato físico y emocional y obligadas a sostener relaciones sexuales con clientes a cambio de dinero.
Las investigaciones también revelaron que las víctimas eran forzadas a vender y distribuir drogas entre los clientes de la red criminal.
Según el expediente acusatorio, la estructura captaba a las víctimas en el extranjero bajo la promesa de conseguirles empleo en República Dominicana. Sin embargo, una vez en el país, se les informaba que tenían una deuda de 4,000 dólares, la cual debían pagar ofreciendo servicios sexuales a clientes, quienes eran contactados a través de catálogos digitales enviados mediante la aplicación WhatsApp.
El pasado jueves, durante sus conclusiones, las fiscales Aleika Almonte y Ginna Matías solicitaron penas de hasta 25 años de prisión, multas equivalentes a 175 salarios mínimos, el decomiso de bienes y el pago de las costas del proceso.
La procuradora Yoanna Bejarán Álvarez reiteró que la PETT mantiene su compromiso de fortalecer la persecución penal contra las redes de trata de personas, al tratarse de un delito que constituye una grave violación a los derechos humanos y una amenaza para la seguridad nacional.