SANTO DOMINGO: El Ministerio Público depositó la noche de este lunes la solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y los demás implicados en el presunto entramado de corrupción desmantelado mediante la denominada “Operación Cobra”, en la que el órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar.
El documento fue presentado dentro del plazo de 48 horas que establece el Código Procesal Penal para llevar a los arrestados ante un juez, formalizando así la primera fase judicial del caso que, según las investigaciones preliminares, habría provocado un desfalco de miles de millones de pesos al Senasa.
Los imputados —entre ellos Hazim y el empresario Eduardo Read— permanecen recluidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se conozca la medida de coerción.
Detalles de la Operación Cobra
La operación, ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), incluyó 12 allanamientos simultáneos y el arresto de ocho personas acusadas de conformar una supuesta red criminal que habría defraudado al SeNaSa mediante:
- Pago y recepción de sobornos
- Falsificación de documentos
- Adulteración de estados financieros
- Implementación de programas sin sustento jurídico
- Manipulación de procesos administrativos
El Ministerio Público sostiene que todo el esquema se estructuró y operó desde la propia Dirección Ejecutiva de SeNaSa, bajo el mando de Santiago Hazim, señalándolo como presunto autor intelectual y líder operativo del entramado.
Próximos pasos
Con la solicitud de coerción ya depositada, el tribunal correspondiente deberá fijar fecha para el conocimiento de la medida, en la cual la PEPCA buscará justificar la prisión preventiva alegando:
- Riesgo de fuga
- Peligro de obstrucción del proceso
- Complejidad de la investigación
- Magnitud del daño causado al Estado
La Operación Cobra se convierte en uno de los procesos más relevantes del año, por la magnitud institucional del presunto fraude y el nivel de responsabilidad atribuido a las autoridades de la seguridad social.