SANTO DOMINGO: Como parte de la Operación Antipulpo, el Ministerio Público obtuvo la homologación judicial de un acuerdo de criterio de oportunidad mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, y un grupo de sus empresas admiten su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$2,000 millones en favor del Estado dominicano.
El acuerdo fue validado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Montilla deberá pagar además RD$600 millones a las empresas estatales EdeEste, EdeSur y EdeNorte, como compensación por los perjuicios ocasionados. También entregará a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) una suma ascendente a RD$431.8 millones en deudas tributarias.
Como parte del acuerdo, autoriza el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, en el Ensanche Naco, valorado en más de RD$50 millones.
Empresas serán disueltas
Montilla Sierra se compromete a disolver, en un plazo de dos años, once empresas vinculadas al esquema fraudulento: Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.; Electrocable Aluconsa, S.A.S.; NSD Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globales, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL; MG Solomon Corporation y otras entidades relacionadas.
Corrupción con acceso privilegiado
Según el documento judicial, Montilla utilizó estas empresas como vehículos societarios para obtener contratos públicos de forma fraudulenta, en violación a las normativas de compras y contrataciones del Estado.
El Ministerio Público sostiene que, gracias a su cercanía con el poder político, Montilla tuvo acceso a información privilegiada, incurrió en monopolio en el sector eléctrico, manipulación de plazos, sobornos a funcionarios públicos y otras prácticas destinadas a obtener ventajas indebidas en procesos de contratación estatal.
Criterio de oportunidad justificado
El acuerdo se fundamenta en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite aplicar el criterio de oportunidad en casos complejos, cuando el imputado colabora eficazmente con la justicia.
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron positivamente la decisión y afirmaron que este avance refuerza los esfuerzos del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, liderada por la procuradora Yeni Berenice Reynoso.
Representación legal
Las empresas eléctricas fueron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).
Maxy Montilla y sus compañías estuvieron asistidos legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.