SANTO DOMINGO: La madrugada del 8 de abril cambió para siempre la vida de decenas de familias. Entre las 236 víctimas del colapso del techo del Jet Set Club estaba Luis José Custodio Almonte, quien había acudido al lugar para celebrar el cumpleaños de su suegro, acompañado de amigos y seres queridos. Hoy, su familia busca justicia.
Los familiares de Custodio Almonte interpusieron una demanda en responsabilidad penal contra varias entidades del Estado dominicano. Acusan a las autoridades de haber fallado en su deber de prevenir una tragedia que —aseguran— era previsible y evitable.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior Administrativo por la madre de la víctima, Nercida Almonte Abreu; su hermano, Luis Miguel Custodio; y su hijo menor de edad, identificado por las iniciales C.B.C.M. Sus abogados, Yan Carlos Martínez Segura y Naomy Angélica Diplán Arias, sostienen que el colapso del Jet Set Club fue consecuencia directa de una “cadena de omisiones institucionales”.
El expediente, registrado con el número 2025-0130266, es una demanda en responsabilidad patrimonial del Estado. En ella se señala a cuatro instituciones: el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ProConsumidor y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La víctima sufrió un trauma craneoencefálico severo y anoxia cerebral cuando parte de la estructura del club se desplomó en medio de la presentación artística del fenecido merenguero Rubby Pérez. El evento, que debía ser una celebración, terminó en la peor tragedia de la vida nocturna dominicana.
Instituciones en la mira
Los demandantes argumentan que las entidades públicas incumplieron con sus funciones de inspección, fiscalización y control de edificaciones. Según explican, hubo múltiples señales de advertencia sobre fallos estructurales en el edificio que no fueron atendidas a tiempo.
En su escrito legal, citan violaciones a varias normativas, incluyendo la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 358-05 de Protección al Consumidor, y la Ley 160-23 que rige el MIVED. También alegan que el Estado violó el artículo 148 de la Constitución, que establece su responsabilidad patrimonial frente a los daños causados por sus órganos.
El país espera respuestas
Mientras tanto, el Tribunal Superior Administrativo deberá estudiar las pruebas presentadas y decidir si existiLa madrugada del 8 de abril cambió para siempre la vida de decenas de familias. Entre las 236 víctimas del colapso del techo del Jet Set Club estaba Luis José Custodio Almonte, quien había acudido al lugar para celebrar el cumpleaños de su suegro, acompañado de amigos y seres queridos. Hoy, su familia busca justicia.
Los familiares de Custodio Almonte interpusieron una demanda en responsabilidad penal contra varias entidades del Estado dominicano. Acusan a las autoridades de haber fallado en su deber de prevenir una tragedia que —aseguran— era previsible y evitable.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior Administrativo por la madre de la víctima, Nercida Almonte Abreu; su hermano, Luis Miguel Custodio; y su hijo menor de edad, identificado por las iniciales C.B.C.M. Sus abogados, Yan Carlos Martínez Segura y Naomy Angélica Diplán Arias, sostienen que el colapso del Jet Set Club fue consecuencia directa de una “cadena de omisiones institucionales”.
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El expediente, registrado con el número 2025-0130266, es una demanda en responsabilidad patrimonial del Estado. En ella se señala a cuatro instituciones: el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ProConsumidor y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La víctima sufrió un trauma craneoencefálico severo y anoxia cerebral cuando parte de la estructura del club se desplomó en medio de la presentación artística del fenecido merenguero Rubby Pérez. El evento, que debía ser una celebración, terminó en la peor tragedia de la vida nocturna dominicana.
Instituciones en la mira
Los demandantes argumentan que las entidades públicas incumplieron con sus funciones de inspección, fiscalización y control de edificaciones. Según explican, hubo múltiples señales de advertencia sobre fallos estructurales en el edificio que no fueron atendidas a tiempo.
En su escrito legal, citan violaciones a varias normativas, incluyendo la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 358-05 de Protección al Consumidor, y la Ley 160-23 que rige el MIVED. También alegan que el Estado violó el artículo 148 de la Constitución, que establece su responsabilidad patrimonial frente a los daños causados por sus órganos.
El país espera respuestas
Mientras tanto, el Tribunal Superior Administrativo deberá estudiar las pruebas presentadas y decidir si existió responsabilidad estatal en esta tragedia. Para los deudos, el proceso judicial es apenas un paso en su largo duelo.ó responsabilidad estatal en esta tragedia. Para los deudos, el proceso judicial es apenas un paso en su largo duelo.