SANTO DOMINGO ESTE: Los encartados deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso, en el que también estaría implicado un agente de la Policía Nacional.
La medida de coerción fue impuesta mientras se desarrolla la investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho y la responsabilidad penal de los implicados.
De acuerdo con las declaraciones del abogado de la víctima, Wally Santana, los avances de la investigación permitieron establecer que el proyectil calibre 9 mm colectado en la escena del crimen coincide balísticamente con el arma asignada al agente policial en cuestión, lo que motivó una orden de conducencia en su contra. Santana explicó, además, que tanto la motocicleta de la víctima como vestimentas utilizadas por el imputado Wilmer Antonio Emiliano fueron encontradas en la residencia del referido agente.
Visiblemente afectada, Mercedes Mordán Soler, esposa del occiso, clamó justicia al expresar que “no sólo mataron a mi esposo, sino que les arrebataron a tres niñas la presencia de un padre ejemplar y trabajador”. Mordán calificó como un acto de injusticia el envío de los imputados a Najayo, al considerar que se trató de una decisión complaciente con la solicitud de la defensa.
Por su parte, Yason Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, condenó el crimen y lo describió como “inaceptable, grave y doloroso”, señalando que el hecho refleja el nivel de violencia e impunidad que afecta a las familias dominicanas. Exhortó al tribunal a dictar una sentencia ejemplar, conforme a lo dispuesto en el Código Penal Dominicano, que garantice justicia y brinde paz a los deudos del joven asesinado.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados interceptaron a la víctima cuando se desplazaba por la zona y, tras resistirse al asalto, fue atacado mortalmente.
El caso ha generado una profunda consternación en las comunidades de El Cachón de la Rubia y Cancino Adentro, cuyos residentes piden sanciones severas contra todos los involucrados en el crimen que cegó la vida de un joven trabajador que se dirigía a sus labores cotidianas.
El Tribunal de Atención Permanente de la Fiscalía de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Diorlin César Reyes Pérez (alias “Cacón”) y Wilmer Antonio Emiliano (alias “El Guardia”), imputados por la muerte del joven Luciano Custodio Figueroa, ocurrida durante un asalto en el sector El Cachón de la Rubia.
Los encartados deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso, en el que también estaría implicado un agente de la Policía Nacional.
La medida de coerción fue impuesta mientras se desarrolla la investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho y la responsabilidad penal de los implicados.
De acuerdo con las declaraciones del abogado de la víctima, Wally Santana, los avances de la investigación permitieron establecer que el proyectil calibre 9 mm colectado en la escena del crimen coincide balísticamente con el arma asignada al agente policial en cuestión, lo que motivó una orden de conducencia en su contra. Santana explicó, además, que tanto la motocicleta de la víctima como vestimentas utilizadas por el imputado Wilmer Antonio Emiliano fueron encontradas en la residencia del referido agente.
Visiblemente afectada, Mercedes Mordán Soler, esposa del occiso, clamó justicia al expresar que “no sólo mataron a mi esposo, sino que les arrebataron a tres niñas la presencia de un padre ejemplar y trabajador”. Mordán calificó como un acto de injusticia el envío de los imputados a Najayo, al considerar que se trató de una decisión complaciente con la solicitud de la defensa.
Por su parte, Yason Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, condenó el crimen y lo describió como “inaceptable, grave y doloroso”, señalando que el hecho refleja el nivel de violencia e impunidad que afecta a las familias dominicanas. Exhortó al tribunal a dictar una sentencia ejemplar, conforme a lo dispuesto en el Código Penal Dominicano, que garantice justicia y brinde paz a los deudos del joven asesinado.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados interceptaron a la víctima cuando se desplazaba por la zona y, tras resistirse al asalto, fue atacado mortalmente.
El caso ha generado una profunda consternación en las comunidades de El Cachón de la Rubia y Cancino Adentro, cuyos residentes piden sanciones severas contra todos los involucrados en el crimen que cegó la vida de un joven trabajador que se dirigía a sus labores cotidianas.