SANTO DOMINGO: La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) anunció que sometió penalmente ante la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, (PEPCA), al actual director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, por los escándalos de corrupción y sobornos que se han publicado a través de diferentes medios de comunicación y programas de investigación.
FJT señaló que informes de Contraloría y una investigación de oficio de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, arrojando irregularidades, que llevaron a la suspensión de varias licitaciones, motivaciones que llevaron a la entidad cívica a presentar la acción.
El vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, manifestó que, con esta denuncia penal, se persigue que el PEPCA inicie una investigación exhaustiva sobre todos los procesos de contrataciones públicas realizados por el INABIE, constituyéndose también en un signo de preocupación el que frecuentemente las actuaciones de Víctor Ramón Castro Izquierdo hayan sido cuestionadas en los medios de comunicación, por los oferentes, y los programas de investigación.
En sentido FJT valora como positivo que de oficio la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, luego del escarnio en los diferentes haya decidido de oficio realizar una investigación, y mediante la Resolución RIC-0106-2025, la DGCP haya establecido que en la Licitación Pública Nacional Núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0012, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) se constataron irregularidades, en las cuales se ordena la nulidad de la adjudicación de varias empresas.
Asimismo señalan, que la DGCP pudo identificar las violaciones del debido proceso, solicitando a INABIE que identifique a los servidores y funcionarios que participaron y permanecen en la actual gestión, responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo.
La Fundación Justicia y Transparencia explicó también mediante nota de prensa, que la DGCP remitió el resultado de la investigación de oficio a:: i) la Contraloría General de la República y a su Unidad Antifraude; ii) la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; iii) la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA); iv) al Ministerio de Educación (MINERD); v) a la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA), y; vi) a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); para que en el marco de sus roles y competencias puedan realizar las investigaciones que les asiste la ley y la Constitución, y tomar las medidas que correspondan.
Afirman que los escándalos en INABIE han llegado a tal magnitud, que la misma institución canceló veinte procesos de compras que ya habían sido adjudicados, y además destituyó a nueve empleados y funcionarios de la institución.
Finalmente, La organización hace un llamado al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, para que, con carácter urgente e inminente, tome carta en el asunto, interviniendo INABIE como dependencia del MINERD y superior jerárquico, bajo el entendido de que una reiterada omisión ante las constantes denuncias y la intervención incluso de organismo oficiales como Compras y Contrataciones Públicas y la Contraloría, con informes y suspensión de licitaciones, lo convertirían en un eventual cómplice de los desafueros denunciados