SANTO DOMINGO: En la política dominicana hay figuras que, por más escándalos que acumulen, parecen moverse como si nada. Uno de los casos más representativos de esa realidad es el del diputado Sergio Moya, mejor conocido como Gory. Actual legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, Moya carga con una historia llena de expedientes judiciales y acusaciones de corrupción. Aun así, de manera sorprendente, se mantiene en el Congreso con voz y voto.
Un pasado judicial que no se borra.
La relación de Gory con la justicia no es reciente. En julio de 1998 fue sometido por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a su hermano Juan Antonio Moya de la Cruz, acusados ambos de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. El expediente incluía una larga lista de propiedades, vehículos, locales comerciales, fincas, apartamentos, obras de arte valoradas en millones y más de 800 mil dólares en efectivo. Aunque fue descargado por “insuficiencia de pruebas” en el año 2000, su nombre quedó ligado para siempre a ese escándalo.
En 2014 volvió a ser mencionado en un contexto delicado. Winston Rizik, conocido como “El Gallero”, dijo en un interrogatorio que Jesús Pascual Cabrera intentó matarlo por oponerse a que asesinaran a Moya. Aunque no hubo consecuencias legales para el diputado, fue otro capítulo turbio en su historial.
El escándalo más reciente: Operación Calamar
El golpe más fuerte en su carrera política llegó en 2023 con el caso Operación Calamar. Este expediente, liderado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destapó una trama mafiosa de desfalco al Estado que supera los 19 mil millones de pesos. Gory fue acusado de ser uno de los cabecillas del esquema de cobros ilegales a bancas de apuestas, colmadones y consorcios de loterías, valiéndose de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.
Según el Ministerio Público, el diputado no solo coordinaba estos cobros, sino que se beneficiaba directamente de los pagos extorsivos. Los cargos incluyen asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Es decir, no es un simple “mencionado” en el caso, es parte del corazón del entramado.
Según el Ministerio Público, el diputado no solo coordinaba estos cobros, sino que se beneficiaba directamente de los pagos extorsivos. Los cargos incluyen asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Es decir, no es un simple “mencionado” en el caso, es parte del corazón del entramado.
Una vida personal llena de titulares.
Fuera de lo político, Sergio Moya también ha estado en el ojo público por su vida sentimental. Moya también estuvo casado con la exesposa del narcotraficante César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. Con ella tuvo dos hijos. Un vínculo que, aunque no lo convierte en culpable de nada, suma más preguntas que respuestas sobre las relaciones que ha cultivado a lo largo de los años.
Un discurso que deja mucho que decir.
Hace pocos días, en medio de las investigaciones y los señalamientos, Moya subió al hemiciclo a defenderse, pero en lugar de aclarar su situación o mostrarse dispuesto a colaborar con la justicia, lanzó una advertencia: dijo que sus abogados someterán a cualquiera que atente contra su honra. Así, con ese tono retador, pretendió desmarcarse del expediente como si el problema fuera la opinión pública.
¿Y entonces, quién responde?
Lo más preocupante de todo esto es que alguien con ese historial, con esos vínculos y con acusaciones tan serias, siga ocupando una curul en el Congreso. Y mientras siga legislando como si su expediente no existiera, todos tenemos el derecho de preguntarnos: ¿a quién está protegiendo el sistema?.
FUENTE> PANORAMA DIGITAL.