• Sáb. Jul 19th, 2025

Designan tribunal de Apelación conocerá solicitud busca endurecer coerción contra los Espaillat

PorROBBY GABRIEL

Jul 18, 2025

SANTO DOMINGO:: La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha sido apoderada para conocer los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y diez querellantes en contra de la medida de coerción de garantía económica impuesta los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el caso de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

El pedido en la Corte de Apelación busca que se revoque la medida de coerción impuesta a los hermanos Espaillat, propietarios del establecimiento.

Actualmente, la fecha de audiencia no ha sido fijada, ya que el tribunal se encuentra en proceso de notificar a todas las partes, informó a N Digital el abogado Félix Portes, quien representa a 16 víctimas del caso.

La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional está conformada por los jueces: Pedro Antonio Sánchez Rivera, Daniel Julio Nolasco Olivo, Nancy María Joaquín Guzmán, July Elizabeth Tamariz Núñez y Mariana Daneira García Castillo.

El pasado 19 de junio, la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso a los hermanos Espaillat una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica como medidas de coerción.

Estas medidas se dictaron tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

El tribunal declaró el caso como complejo por la magnitud de los daños y la cantidad de víctimas

Tanto el Ministerio Público como los abogados querellantes, entre ellos Portes, consideran que la garantía económica es insuficiente, y solicitan que se imponga prisión preventiva a los imputados, en lugar de medidas económicas.

El abogado Félix Portes afirmó que “las condiciones están dadas para variar la medida de coerción”, alegando que se trata de un caso de interés público, donde hay evidencias de violación de normas de construcción, negligencia institucional y violación de derechos fundamentales.

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