SANTO DOMINGO: La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la solicitud presentada por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre para extinguir la acción penal en su contra y ratificó la decisión que ordena la continuación del juicio por presunta corrupción administrativa.
El tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la Resolución Penal núm. 249-02-2025-SRES-00089, emitida el 5 de agosto del pasado año por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, al considerar que no se verificaron los alegados vicios procesales planteados por la defensa.
La representación del Ministerio Público estuvo a cargo del procurador general de la Corte, José Manuel Aguiló Talavera, y del fiscal Jonathan Pérez, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La sala estuvo integrada por las juezas Isis Muñiz, Nancy Joaquín y Teófilo Andújar, quienes rechazaron el pedimento de extinción por duración máxima del proceso. El recurso había sido interpuesto el 30 de septiembre del pasado año por Cáceres Silvestre a través de sus abogados.
En su decisión, la corte respaldó los argumentos de primera instancia, que establecieron que no hubo dilación indebida atribuible al Ministerio Público. Indicó que la extensión de plazos durante la fase preliminar fue adoptada para garantizar el derecho de defensa en un proceso de alta complejidad y múltiples imputados.
Asimismo, se determinó que los aplazamientos registrados durante el juicio —entre octubre de 2023 y junio de 2024— respondieron mayormente a situaciones vinculadas a las defensas, como cambios de abogados, solicitudes de plazos adicionales, incomparecencias y licencias médicas.
El proceso judicial involucra una presunta red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, acusadas de desviar más de RD$4,500 millones entre 2012 y 2020 desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En cuanto a las penas solicitadas, el Ministerio Público requirió 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para Cáceres Silvestre y otros dos generales implicados, así como condenas de cinco años y sanciones económicas para varios coimputados.
Con esta decisión, la Corte deja sin efecto la pretensión de cerrar el proceso por vencimiento de plazo, permitiendo que el juicio continúe su curso hasta la emisión de una sentencia definitiva.