SANTO DOMINGO: En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, un expediente que, según uno de los abogados de la defensa, supera las 535 páginas, el Ministerio Público detalla más de una veintena de acusaciones que describen un entramado complejo.
De acuerdo con el documento, la supuesta red habría levantado una estructura de crimen organizado encabezada por el exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, diseñada para sustraer fondos públicos mediante mecanismos de corrupción, desvío institucional y operaciones de lavado de activos con ramificaciones en el sector privado.
Para que el panorama quede claro, enlistamos las principales acusaciones que plantea la Procuraduría contra los imputados
1. Creación de una estructura de crimen organizado
- Encabezada por el entonces director ejecutivo de Senasa.
- Operaba con ramificaciones en el sector privado.
2. Distracción de fondos públicos
- Desvío de recursos estratégicos destinados a reservas técnicas.
- Riesgo para pagos a Prestadores de Servicios de Salud.
3. Obstrucción de la transparencia interna
- Instalación de un “equipo interno” dedicado a bloquear mejoras y controles.
- Manipulación institucional para proteger las maniobras fraudulentas.
4. Creación de “programas especiales” sin sustento
- Usados como mecanismo para recibir sobornos millonarios.
- Pagos tramitados como si fueran legítimos.
5. Adulteración crónica de estados financieros
- Cierre fraudulento de registros de reclamaciones.
- Manipulación desde Contabilidad, Finanzas y Tecnología para ocultar déficit.
6. Manipulación del Registro de Reclamaciones Pendientes
- Violación de controles contables para encubrir el tamaño real del déficit.
7. Sub-registro sistemático de obligaciones financieras
- Creación de una base de datos financiera falseada.
- Impacto directo en reservas técnicas por más de RD$15,900 millones.
8. Contratos fraudulentos por sumas millonarias
- Beneficio personal y perjuicio al Estado.
9. Red de empresas de carpeta y lavado de activos
- Facturas ficticias.
- Simulación de servicios de salud nunca prestados.
- Entrada y salida de fondos para generar apariencia de legalidad.
10. Negociaciones sobre códigos de PSS cancelados
- Restitución de códigos a prestadoras a cambio de sobornos.
- Complicidad entre acusados y sector privado.
11. Facturación falsa en servicios médicos
Incluye:
- Sesiones de radioterapia y quimioterapia abultadas.
- Procedimientos cardiovasculares innecesarios (stents).
- Cirugías dermatológicas inexistentes.
- Colonoscopías y endoscopías sin indicación.
- Hemodiálisis facturada a personas fallecidas.
12. Ocultamiento y conversión de fondos ilícitos
- Uso de empresas instrumentales.
- Retiros en efectivo para completar el pago de sobornos.
13. Adquisición de bienes con testaferros
- Creación de patrimonio ilícito para evitar persecución.
14. Cooptación y manipulación de personal interno
- Funcionarios presionados para autorizar cierres fraudulentos.
- Técnicos usados para alterar bases de datos.
- Promesas de beneficios para asegurar lealtad.
15. Obstaculización del proceso de investigación
- Ocultamiento de información.
- Retrasos intencionales en entregas de documentos solicitados por el MP.
16. Persistencia del esquema pese a advertencias internas
- Técnicos alertaron del riesgo regulatorio y aun así continuaron la alteración de registros.
El Ministerio Público solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para los involucrados, además de la declaratoria de complejidad del caso.
La audiencia está pautada para mañana jueves a las 2:00 p. m., donde el tribunal decidirá el destino inmediato de los acusados y los próximos pasos del proceso.