MAO VALVERDE: El Ministerio Público informó este viernes el arresto de cinco mujeres presuntamente vinculadas al caso de falsificación de registros de defunciones que se sigue contra el procesado Máximo Mendoza, actualmente en prisión preventiva, entre las detenidas se encuentran cuatro médicas y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza, de la provincia Valverde.
Las arrestadas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, todas de profesión médica, así como la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta.
De acuerdo con la Fiscalía de Valverde, los arrestos se produjeron bajo orden judicial tras la recopilación de evidencias que las relacionarían con la presunta falsificación de documentos y la supuesta inclusión de datos falsos en registros de defunciones.
El Ministerio Público adelantó que las imputadas serán presentadas ante la justicia en las próximas horas y que solicitará la declaración de caso complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.
El caso principal contra Máximo Mendoza
El proceso gira en torno a Máximo Mendoza, quien cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde. Según el expediente, entre diciembre de 2024 y junio de 2025 habría participado en la falsificación de registros de defunción en unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
La investigación sostiene que Mendoza utilizaba estas maniobras para perjudicar a personas con deudas económicas pendientes. Hasta ahora se han identificado seis víctimas, aunque la responsabilidad penal del imputado sigue bajo evaluación judicial.
Modus operandi señalado por la Fiscalía
De acuerdo con la acusación, los registros eran llenados por médicos en pasantía sin exequátur, entre ellos las cuatro ahora arrestadas. El Ministerio Público afirma que Mendoza solicitaba estos servicios en diferentes turnos en unidades de Atención Primaria de Mao y Esperanza.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el procesado se aprovechaba de personas en situación de vulnerabilidad económica, quienes recibían RD$2,100 mensuales de asistencia social. Les ofrecía préstamos de entre RD$5,000 y RD$15,000, y cuando no lograba recuperar el dinero, habría simulado ser familiar de las víctimas para registrar de manera irregular su fallecimiento.
Autoridades y marco legal
El caso es instruido por los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la JCE, y Víctor Manuel Mejía, titular de Valverde, con la colaboración de la Dicrim de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE.
El grupo es investigado por presunta violación a los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.