SANTO DOMINGO: Fue aplazada para este jueves la audiencia de medidas de coerción contra los diez imputados en el caso Cobra, un entramado de presunta corrupción que, según el Ministerio Público, habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) con más de 15 mil millones de pesos durante la gestión del exdirector Santiago Hazim, señalado como principal cabecilla.
La audiencia está a cargo del juez Rigoberto Sena, quien conoció el expediente luego de que el Ministerio Público depositara anoche la solicitud formal en la que pide 18 meses de prisión preventiva para los acusados y que el caso sea declarado de tramitación compleja.
El órgano persecutor presentó la acusación contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a los coimputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
Todos habrían actuado en un esquema criminal que involucró sobornos, falsificación de documentos, manipulación contable y desvío de fondos públicos mediante programas especiales fraudulentos.
Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán sustentaron la solicitud de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El fiscal Héctor García adelantó que el desfalco supera los RD$15,000 millones, afectando gravemente el patrimonio del asegurador estatal.
La investigación está a cargo de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezadas por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, respectivamente.
Ambos despachos aseguran que continúan profundizando las indagatorias para determinar el alcance total de las maniobras fraudulentas.
A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.