SANTO DOMINGO: El Ministerio Público reveló este lunes que, a pocas semanas de concluir el juicio, la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre procura que su expediente sea separado del proceso principal seguido contra los acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La audiencia celebrada este lunes, en la que se esperaba concluir la incorporación de pruebas por parte de los coimputados Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza, fue aplazada nuevamente debido a una licencia médica de 45 días presentada por Cáceres Silvestre.
El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que el Ministerio Público solicitó la conformación de una junta médica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para verificar la autenticidad del certificado presentado, ya que este no incluye historial clínico ni justifica el prolongado reposo.
Ante la situación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el próximo 3 de noviembre, ordenando a la defensa entregar la documentación médica complementaria al Ministerio Público.
Desde el 29 de agosto, la Pepca concluyó la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros miembros del entramado que, según la acusación, defraudó al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones.
Entre las evidencias incorporadas figuran 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, además de 104 pruebas materiales, entre ellas armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
El expediente también consigna el decomiso de 214 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje, RD$28 millones y US$55,000 en efectivo, así como ingresos por más de RD$86 millones provenientes del alquiler y producción agrícola de los bienes incautados.
El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), es señalado por el Ministerio Público como líder de una red compuesta por 30 personas físicas y 18 empresas, que entre 2012 y 2020 habría desviado fondos públicos provenientes del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).