EL SALVADOR: El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, acusó este martes a las ONG de «defender a criminales» y las mandó «al carajo», por sus señalamientos de violaciones de derechos humanos en el país, en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022 para combatir a las padillas.
«Quisiera decírselo como ciudadano, porque tengo que respetar el cargo que me enviste, simplemente les puedo decir: ¡Váyanse al carajo!», expresó Villatoro en una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, a la que acudió para presentar una reforma a la Constitución para permitir la cadena perpetua para «homicidas, violadores y terroristas».
Villatoro recordó que el estado de excepción va para «cuatro años» y aseguró que en este tiempo las autoridades han enfrentado «todo los embates y todos los ataques de todas estas organizaciones criminales que también defienden a criminales violentos».
Señaló que el Gobierno «ha sido cuestionado sobre el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños».
Tras la presentación del dictamen de la reforma constitucional, Villatoro aseguró que se verá «a esas organizaciones Ea criminales violentos, a violadores, a asesinos de hombres y mujeres, y a terroristas representantes de organizaciones criminales».
«No es por no ser democráticos que nos atacan, nos atacan porque el resultado de la democracia es lo que no les gusta», dijo.
Las declaraciones del ministro de Seguridad llegan días después de que se presentara un informe que concluye que en el contexto de la implementación de un régimen de excepción en el país se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
El informe, presentando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
El presidente Nayib Bukele criticó dicho informe y en X apuntó que «están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción».
Sin embargo, en el informe no se llama a liberar a la totalidad de detenidos, sino que a «establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas, asegurando que quienes recuperen su libertad no representen un riesgo para la seguridad».