El Tribunal Comercial Internacional de Estados Unidos ordenó la anulación inmediata de los aranceles y prohibió permanentemente su aplicación.
ESTADOS UNIDOS:El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos anuló este miércoles los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, conocidos como «aranceles del Día de la Liberación».
El tribunal dictaminó que Trump excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) para justificar estas tarifas.
La corte concluyó que la IEEPA no otorga al presidente el poder ilimitado de imponer aranceles sin la aprobación del Congreso, especialmente cuando no existe una amenaza «inusual y extraordinaria» que justifique una emergencia nacional.
The Wall Street Journal informó que la decisión se produjo tras múltiples demandas presentadas por empresas, estados y grupos de interés público, argumentando que las tarifas eran inconstitucionales y perjudiciales para la economía estadounidense. Por ejemplo, la demanda V.O.S. Selections, Inc. v. Trump, liderada por el Liberty Justice Center, representó a pequeñas empresas afectadas por los aranceles, como importadores de vino y fabricantes de materiales educativos .
El tribunal ordenó la anulación inmediata de los aranceles y prohibió permanentemente su aplicación.
«Esta decisión representa un revés significativo para la política comercial de Trump y reafirma la autoridad del Congreso sobre la regulación del comercio exterior», indicó el medio.
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Se espera que la administración Trump apele el fallo.
Legislación busca limitar poder presidencial
En respuesta a estas acciones ejecutivas, el Congreso ha introducido el Trade Review Act of 2025, una legislación bipartidista que busca limitar el poder presidencial para imponer aranceles sin la aprobación legislativa. Este proyecto de ley requeriría que el presidente notifique al Congreso sobre nuevos aranceles y obtenga su aprobación para mantenerlos más allá de 60 días.
El medio estadounidense destaca que este fallo judicial marca un hito en la supervisión del poder ejecutivo y podría tener implicaciones duraderas en la política comercial de Estados Unidos